Defensor del Pueblo, pero no siempre

La decisión del Defensor del Pueblo de no llevar al TC las quejas formuladas por 617 ciudadanos contra el estado de alarma pone a la institución de perfil ante un problema que merecía mayor implicación y compromiso ético. Como su nombre indica, el órgano que preside interinamente Francisco Fernández Marugán debe velar por los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas, como comisionado del Parlamento. Sin embargo, en esta ocasión ha decidido gestionar sus funciones como defensor del Gobierno, no del Pueblo. Liquidar 617 quejas con un escrito de 25 folios es un indicio de que, cuando menos, ha faltado profundidad en su análisis. Si había un órgano llamado a ser sensible a las protestas argumentadas de los ciudadanos era, sin duda, la institución que preside Fernández Marugán, más aún cuando no tiene encomendada ninguna función de enjuiciamiento y solo se le pedía acudir al TC. Para el Defensor del Pueblo, durante el confinamiento no se produjo una «suspensión» de derechos fundamentales, sino una «limitación», típica distinción tecnicista que soslaya lo esencial, es decir, que el estado de alarma impidió a millones de ciudadanos realizar libremente derechos y libertades reconocidos por la Constitución. No hubo limitación, sino auténticas suspensiones, por ejemplo, de la libertad de movimiento, o de la libertad de culto, o del derecho de manifestación. Si no hubiera sido así, no tendrían sentido las sanciones administrativas y hasta penales que fueron impuestas a los infractores. El argumento esgrimido en el informe del Defensor del Pueblo de que, en todo caso, la cuestión va a llegar por otros cauces al TC resulta chocante, porque cuestiona la propia autonomía y utilidad de la institución. El Gobierno ya tiene quien lo defienda, pero a los ciudadanos no les sobran defensores.