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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha propuesto este miércoles eliminar, cuando la situación económica lo permita, los tipos reducidos del IVA (del 4 y del 10%) de productos que sean consumidos fundamentalmente por rentas altas. Un cajón de sastre en el que la institución incluye a la restauración y la hostelería, el transporte de personas, los libros y la prensa.
Así se desprende del primer estudio de la segunda fase del «Spending Review» comprometido con la UE presentado este miércoles. El
documento, que bebe de fuentes como la Agencia Tributaria, las declaraciones del IRPF y el impuesto de Sociedades, el INE y el Instituto de Estudios Fiscales, se centra en el análisis de 13 beneficios fiscales, que tienen un coste total para el Estado de 35.000 millones de euros, el 60% del total de beneficios. La institución no solo analiza en el informe si estas políticas públicas cumplen el objetivo para el que se crearon, sino que también evalúa si su implantación ha provocado algún tipo de distorsión.
Los tipos reducidos del IVA es el incentivo que tiene un coste mayor para las arcas públicas: 17.878 millones de euros. La institución considera que sí cumple su objetivo, porque «facilitan el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos». Pese a ello, puntualiza que «desde el punto de vista distributivo» los tipos reducidos y superreducidos no son «eficientes», porque incluyen bienes que son consumidos por rentas altas.
La disección de la Airef deja en una posición todavía peor a las desgravaciones de los planes de pensiones. La organización presidida por Cristina Herrero considera que estos incentivos, que tienen un coste de
1.643 millones de euros
, ni siquiera cumplen su objetivo, porque pueden resultar negativos «para un conjunto amplio de ahorradores una vez que se tienen en cuenta la fiscalidad de las prestaciones en el momento de la jubilación, las comisiones de los planes de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal».
Estas desgravaciones, en el punto de mira del Gobierno, son utilizadas funamentalmente por rentas altas, que copan el 60% de este incentivo fiscal. Además, no consiguen incentivar el ahorro, puesto que las aportaciones a planes individuales, según el organismo, rondan los 11.000 euros de media.
Por todo ello, la institución propone la «reformulación completa de este beneficio fiscal», en consonancia con las recomendaciones que se alcancen en el Pacto de Toledo sobre este tipo de planes privados.