Dignifiquemos el turno de oficio
La justicia gratuita, organizada por los 83 Colegios de Abogados de España y prestada por 45.868 abogados y abogadas, es posiblemente uno de los servicios públicos que mejor funciona, a menor coste –6 euros por ciudadano y año-, sin apenas quejas -tan sólo el 0,3 por ciento sobre el total de asuntos cifrado en 1.9996.669 de expedientes de justicia gratuita solicitados por los ciudadanos- y con el reconocimiento y la valoración de los usuarios nacionales y europeos, siendo reconocido cada año como uno de los servicios públicos de mejor calidad. El 80% de los ciudadanos considera que la dedicación del abogado que se ocupó de su caso fue «muy buena», según datos recogidos en la encuesta realizada por Metroscopia y que se recoge en el XIV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, por encima incluso de la valoración obtenida por la sanidad y la educación pública. Sólo estos datos deberían bastar para la puesta en valor del trabajo de los abogados y de los Colegios.
El domingo 12 de julio se celebra -por noveno año consecutivo- el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. No es una cuestión de generosidad o solidaridad, sino de justicia, que está en la esencia de los derechos básicos de los ciudadanos.
El Turno de Oficio, y la Justicia Gratuita en su conjunto, no es sólo uno de los pilares constitucionales de la igualdad de todos los ciudadanos, sino un elemento esencial para la paz social. Sería terrible pensar que un Estado democrático que pretenda llamarse Social y de Derecho quien tiene recursos económicos pudiera reclamar sus derechos, y por el contrario, quien carece de ellos no pudiera ni siquiera defenderse de situaciones injustas y a veces excluyentes.
La Justicia Gratuita es la plasmación de un derecho básico que siempre deber ser protegido, un derecho constitucional recogido en el artículo 119 de nuestra Carta Magna, de naturaleza pública, cuya gestión está encomendada a los Colegios de Abogados con carácter obligatorio, de ahí que podamos afirmar que sin la debida atención a la Justicia Gratuita, ningún Estado merece atribuirse el título de social y de derecho. Y a esa conquista los abogados, ni podemos, ni queremos, ni vamos renunciar.
A esta noble tarea estamos dedicados desde hace muchos años los más de 45.000 «abogados de oficio» en el territorio nacional, de los cuales cerca de 200 lo hacen en la provincia de Toledo, organizados en turnos especializados por materias, y bajo la dirección de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados que presido.
Ahora bien, desde esta tribuna y con este altavoz que se me presta hoy, quiero exhortar tanto al poder ejecutivo como el legislativo, en definitiva a nuestros gobernantes, para que, sin más dilaciones, procedan a resolver muchos de los problemas existentes. Algunos importantes, como son la remuneración digna de sus profesionales, la eliminación de cualquier atisbo o sombra de privatización que siempre sobrevuela al Turno de Oficio, acabar con los continuos parches a la Ley y al Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, la aprobación de la Ley del Derecho de Defensa, y en definitiva avanzar en la modificación del marco normativo actual que acabe con la inseguridad, así como garantizar, con el fin de dar la mejor protección a los ciudadanos, que los profesionales que prestan este servicio estén adecuadamente formados.
Esto son solo algunos de los problemas, pero hay muchos más. Por ello, la Abogacía reclama la mejora y el perfeccionamiento del sistema, para lo que es imprescindible contar con una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pactada con quienes la hacen efectiva cada día, adaptada a la realidad social y económica, y en ese nuevo texto tiene que participar de forma activa la Abogacía, porque formamos parte de la Justicia y no nos limitamos a ser meros colaboradores en la impartición de la misma como algunos afirman.
Por todo ello, no podemos bajar la guardia ahora, ya que los más de 45.868 abogados y abogadas del Turno de Oficio que prestan este servicio, queremos y aspiramos a la excelencia del mismo, y en esta batalla está inmersa la Abogacía institucional hace tiempo, los 83 Colegios de la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía Española al frente.
Quiero aprovechar también para rendir mi humilde y a la vez sincero homenaje a todos los abogados y abogadas que han venido prestando con dedicación y profesionalidad su impagable labor durante estos últimos meses que nos hemos visto más afectados por la pandemia, a veces en condiciones muy precarias, sin que ni un solo justiciable, ni un solo detenido, ni una sola víctima de violencia de género haya quedado desatendida, garantizando así el sagrado derecho de defensa. Vaya desde aquí mi reconocimiento. Es de justicia.
Ángel José Cervantes Martín, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo