La Generalitat hace valer su decreto de tanteo y compra 218 viviendas que el Sabadell iba a vender a Cerberus

En mitad de la polémica política en el seno del Gobierno valenciano por el decreto de Podemos que permite a la Generalitat intervenir en la venta de edificios mediante el derecho de tanteo y retracto, el vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ha querido hacer valer su texto este jueves. En lo que ha calificado como «un día histórico», ha anunciado que su departamento ha comprado, gracias a su aplicación, un paquete de 218 viviendas que el Banco Sabadell iba a vender al inversor financiero estadounidense Cerberus. Éstas se incorporarán al parque público en varias fases con una inversión de 8,5 millones de euros y serán puestas a disposición de los municipios para que sean ocupadas por familias con pocos recursos bajo diferentes fórmulas en colaboración con el Ejecutivo autonómico. Las de la primera fase, 188, podrán comenzar a escriturarlas a partir de la próxima semana, según ha explicado Dalmau, quien ha afirmado que se trata de la «mayor operación de adquisición de vivienda pública mediante tanteo que se ha hecho nunca en España». Los municipios en los que se han adquirido coinciden en que cuentan con una alta demanda: Alicante, Crevillent, Dolores, El Campello, Elda, Guardamar del Segura, Monforte del Cid, Muro de Alcoi, Orihuela, Petrer, Alcoi, San Vicente del Raspeig, Algemesí, Paterna, Utiel y Vallada. Gracias al derecho de adquisición preferente, las viviendas -en edificios relativamente recientes- pasarán ahora a manos de la Generalitat por un precio un 25 % menor que el de las valoraciones oficiales. Dalmau ha destacado que éstas se iban a transmitir por un valor de 39.000 euros. En algunos casos, ha indicado, se han encontrado con que determinados pisos de 98 metros cuadrados y trastero se iban a transmitir al fondo por mil euros, una cantidad «anormalmente baja». Contenido político El vicepresidente del Consell ha dotado de un evidente contenido político a su anuncio. De un lado, se trata de una medida relevante en lo que a su competencia se refiere un año después de que Podemos accediera al Gobierno autonómico y ante las críticas sobre un balance de muchas promesas y pocos logros importantes debido, en gran parte, a la baja ejecución presupuestaria y al poco dinero. De otro lado, se produce a escasos días de que el decreto sea convalidado en las Cortes Valencianas y ante los intentos del PSPV por replantear un contenido que consideran mejorable, como informó ABC. De hecho, su voluntad es que sea tramitado como proyecto de ley para tratar de introducir modificaciones, algo que rechazan los morados. «La hora de ruta va a ser la misma que teníamos. Se convalidará por decreto ley y cualquier tipo de elemento de introducción normativa que se realice posteriormente se hará por las vías correspondientes», ha señalado preguntado por la posibilidad de modificaciones del texto a través de instrucciones a las direcciones territoriales o de ley de Acompañamiento. Ante el rechazo del colectivo de notarios, registradores y promotores, ha comentado que «es normal que haya dudas ante un cambio legislativo». «Yo mismo me he reunido con notarios y registradores y hemos ido solucionando dudas. Esto es un primer paso y puede variar. Tenemos que ver cómo se puede ir aplicando el tanteo, pero la voluntad de la Conselleria es dialogar y no imponer», ha apuntado. La posibilidad de que el PP lleve el decreto al Tribunal Constitucional no le preocupa. «No hay ningún problema con que haya diputados que presenten un recurso, pero creo que lo que les dirán es que se lean la Constitución», ha señalado. Pese a este carácter dialogante del que ha querido hacer gala, Dalmau ha aprovechado para lanzar su particular mensaje en tono Podemos a todos aquellos que cuestionan la norma: «Esta operación de compra de vivienda despeja cualquier duda respecto a la utilidad del decreto. Las resistencias y presiones eran esperables porque la transformación social siempre genera rechazo entre los que pierden derechos. Quien se opone a esta medida se opone al derecho constitucional a la Vivienda».