El PSPV insiste en replantear el «decretazo» de Podemos sobre vivienda, pero votará conjuntamente

El PSPV ha insistido este martes en replantear el «decretazo» de Podemos que permite a la Generalitat intervenir en la venta de edificios, aunque votará al lado de los morados en las Cortes Valencianas. «Lo que diga Dalmau haré», ha afirmado el portavoz socialista, Manolo Mata. La posición de su grupo el próximo día 15 de julio -cuando se lleva al Parlamento autonómico la convalidación del texto y si éste se tramita o no como proyecto de ley- podría seguramente recordar a la sesión de la ley que permitía revocar a senadores territoriales. Ésta salió adelante en 2016 con los votos del tripartito, pero en su discurso, Mata remarcó que únicamente lo hacía «por lealtad al acuerdo político» con Compromís y Podemos, ya que estaba en contra de la norma. De hecho, ésta fue tumbada posteriormente por el Tribunal Constitucional y los partidos de izquierdas se vieron obligados a reformarla el año pasado. Esta vez, el decreto parte de la Conselleria que dirige el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, Rubén Martínez Dalmau (Podemos), y en él se establece la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Así, la Administración podrá ejercer preferentemente el derecho de compra a la hora de adquirir viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o mediante dación en pago y, lo más importante, podrá intervenir en grandes operaciones inmobiliarias para quedarse edificios enteros. Cuestiones que han generado un fuerte rechazo entre promotores inmobiliarios, notarios o registradores. Aunque el texto ya ha pasado el filtro del pleno del Consell, los socialistas quieren darle la vuelta a parte de un redactado que consideran mejorable, tal como informó ABC y ha admitido hoy Mata. En su opinión, «es poco ambicioso en atacar a los fondos buitres» y no contempla, por ejemplo, las grandes transmisiones de viviendas no acabadas, la posibilidad de trocear paquetes de inmuebles para que la Generalitat pueda proceder a la compra, las compraventas judiciales o que los propios inmuebles objeto de la compra por tanteo y retracto deban estar vacíos. Es por ello que prefieren la tramitación como proyecto de ley, lo que permite introducir enmiendas y que se produzca debate entre los grupos. De hecho, son numerosos los cargos del PSPV que reconocen que no tiene justificación alguna la modalidad del «decretazo», puesto que se trata de un mecanismo contemplado como excepcional del que los Gobiernos pueden hacer uso cuando se trata de un asunto de urgente necesidad (supuesto que en esta ocasión no se cumple). Podemos y Compromís, a una La petición no parece que vaya a ser atendida pos sus socios a juzgar por las recientes declaraciones. La portavoz de Podemos en la Cámara, Naiara Davó, ha defendido que se apruebe como decreto ley para que se aplique «desde ya». Y el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha comentado que es «muy buen momento» para aprobar iniciativas de este tipo «sin ningún tipo de modificación», pues no ve que suponga un «problema» este texto. Sobre lo que opina Dalmau, existen especulaciones sobre que podría estar dispuesto a ceder en otro contexto, pero en el actual le supondría problemas en el partido al haber surgido esta cuestión en mitad de un proceso interno para elegir nuevos liderazgos -en el que, además, la candidatura que apoyaba (la de Davó) no ha ganado a la de Pilar Lima-. Mata ha apuntado este martes que las alternativas a la proposición de ley pueden ser que el decreto se modifique en el desarrollo de su reglamento o a través de la ley de acompañamiento. Mientras, desde la Conselleria de Vivienda estudian la posibilidad de introducir los matices mediante instrucciones a las direcciones territoriales, donde se podrían establecer los supuestos en los que la Generalitat no ejercerá el derecho de tanteo. Sin embargo, para los socialistas esto tampoco solucionaría el problema. Uno de los temores fundados es que el texto acabe en el Tribunal Constitucional. Y el PP ya ha avisado de que lo llevará. Su portavoz, Isabel Bonig, ha indicado que la norma regula derechos que «son competencia del Estado» y genera «inseguridad jurídica» para familias y empresas, hasta el punto de estar haciendo ya que «todas las operaciones de compra-venta se paralicen». Además, ha destacado que el parque de vivienda pública de la Comunidad valenciana tiene 2.000 viviendas ocupadas ilegalmente y unas 1.000 viviendas desocupadas, y ha abogado por buscar fórmulas de colaboración pública-privada para poner viviendas a disposición de los más vulnerables.