Puigdemont, la principal carpeta del procés en los tribunales a la espera de la desjudicialización
La crisis con la que ERC y Junts han conmemorado el quinto aniversario del referéndum del 1-O da cuenta de que poco o nada queda ya del otoño soberanista de 2017 en la política catalana. Es en los tribunales españoles y europeos donde todavía colean –y con fuerza– las consecuencias del procés. Las causas afectan a decenas de los protagonistas del referéndum del 1-O. Tanto el futuro penal del expresident Carles Puigdemont como de los altos cargos procesados por la organización de la votación vivirá momentos clave en lo que queda de año.
La principal carpeta del procés en los tribunales, con permiso del recurso contra los indultos a sus líderes, sigue siendo la de la extradición de Carles Puigdemont y los exconsellers que permanecen en el extranjero. Hay cierto consenso político en que hasta que no se resuelva su situación no se podrá pasar página del todo. A nivel judicial la causa permanece a la espera de dos decisiones trascendentales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Para finales de año se espera la sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Tras varios reveses de tribunales extranjeros, el instructor recibió el espaldarazo del Abogado General de la UE –cuya opinión no es vinculante pero sí influyente para el tribunal– en su disputa para tumbar dos elementos clave de la defensa de los soberanistas: la competencia del Supremo para reclamar la extradición de los independentistas y la vulneración de derechos fundamentales como motivos para denegar la entrega.
La otra condición necesaria para que Bélgica vuelva a evaluar la extradición de Puigdemont es la resolución de la causa sobre la inmunidad del expresident como eurodiputado, cuya sentencia se prevé más tardía que la de las prejudiciales. Hasta que no se desencallen ambos procedimientos en el TJUE los jueces belgas no intervendrán.
Aunque los jueces comunitarios fallaran en favor de los intereses de Llarena, ello no implicaría una extradición automática de los independentistas: cabe recordar que en 2018 los jueces alemanes decidieron la extradición de Puigdemont solo por malversación al no ver por ningún lado la sedición y la rebelión en el procés. El juez Llarena rechazó la entrega al no acordarse por los delitos más graves. Los jueces belgas, una vez cerradas las causas en el TJUE, tendrían que hacer el mismo examen que hicieron sus homólogos alemanes.
Distinta situación tiene la secretaria general de ERC, Marta Rovira también procesada por rebelión y sedición pero residente en Suiza, país que no forma parte del sistema europeo de órdenes de detención y entrega. Las autoridades suizas han reiterado que no extraditan por causas políticas, lo que la deja en un limbo jurídico: no será entregada pero si vuelve a España voluntariamente será inmediatamente encarcelada. Sus declaraciones públicas por el quinto aniversario del 1-O, en las que ha admitido que estaba en la "dirección política" de la votación, han dado más munición al juez Llarena.
Más avanzadas están las causas derivadas del 1-O que todavía no se han juzgado en España y que pondrán a prueba hasta qué punto llega la "desjudilización" del procés pactada entre ERC y el PSOE en el marco de la mesa de diálogo. Se trata de la macrocausa seguida en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona contra una treintena de funcionarios y altos cargos por los preparativos del 1-O y su apéndice en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al afectar a dos aforados, los diputados y pesos pesados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
Se prevé que antes de fin de año la Fiscalía y la Abogacía del Estado puedan presentar sus escritos de acusación, siempre que se desenreden los líos procesales con las pesquisas que afectan a otros exaltos cargos por los gastos exteriores del procés y que mantienen la causa del 13 parada desde hace casi un año.
Al contrario de lo que ocurre con Carles Puigdemont, en la causa de los preparativos de 1-O la eventual reforma de la sedición es irrelevante –ninguno de las decenas de procesados lo está por este delito– sino que la clave es el delito de malversación. Se trata de un tipo penal que elevaría de forma exponencial las penas solicitadas al castigarse con un mínimo de cuatro años.
En círculos jurídicos se recuerda que el margen de maniobra es limitado habida cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo, que dio por probada la malversación pese a que no la cuantificó. Aunque Fiscalía y Abogacía del Estado terminaran retirando la malversación o incluyéndola en su horquilla más baja, los magistrados del TSJC y la Audiencia de Barcelona tendrían sobre la mesa una alta petición de pena por este delito al ejercer la extrema derecha de Vox la acusación popular en ambas causas.
En cambio rema a favor de los acusados el hecho de que las causas hayan estado paralizadas durante meses, lo que podría conllevar la aplicación de atenuantes que aligerarían las eventuales penas. Cabe recordar además que en el banquillo de Jové y Salvadó también se sentará la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, en su caso solo por desobediencia, que no implica penas de cárcel.
En otra situación procesal compleja está la causa de los académicos que fueron síndicos electorales del 1-O, entre ellos la actual conseller de Feminismos, Tània Verge. La Audiencia de Barcelona anuló la sentencia que les absolvió en primera instancia y ordenó repetir el juicio, pero los síndicos alegan que esa nueva vista vulnera sus derechos fundamentales.
También sin el peligro de las penas de cárcel afrontan su juicio por el 1-O la exconsellera de Agricultura, Meritxell Serret, y la exportavoz de la CUP en el Parlament Anna Gabriel. Ambas regresaron a España para regularizar su situación legal tras más de cuatro años en Bélgica y Suiza. Están acusadas de desobediencia. Serret ya sabe que será juzgada en el TSJC –es diputada por ERC– mientras Gabriel está a la espera de que el juez Llarena decida si la envía a un juzgado penal de Barcelona o junto a la exconsellera.
También por desobediencia irán a juicio el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y los miembros soberanistas de la Mesa de la pasada legislatura, por desoír al Constitucional para reprobar a la monarquía. La fecha de la vista está fijada para la semana que viene, aunque el juicio está pendiente de la petición de la Fiscalía para que uno de los magistrados apartados vuelva al tribunal.
Bajo el foco de la Justicia están asimismo menos de una decena de alcaldes catalanes por haber supuestamente colaborado con la organización del 1-O. El próximo 28 de octubre irá a juicio el exalcalde de Argentona Eudald Calvo. Hasta ahora los tribunales han condenado pero también absuelto a los ediles acusados por facilitar la votación.
En paralelo a las causas penales seguirá una causa sin penas de cárcel pero con potencial afectación al bolsillo de una treintena de dirigentes independentistas. Se trata del procedimiento en el Tribunal de Cuentas abierto tanto por los gastos del 1-O como por la promoción exterior. En suma, hay procés para rato en los tribunales.