Oficiales de Migración Colombia estarían implicados en red de tráfico de migrantes

Las autoridades desplegaron un operativo para desmantelar a la red criminal trasnacional, que al parecer era la responsable de sacar del país a inmigrantes, principalmente […]

Las autoridades desplegaron un operativo para desmantelar a la red criminal trasnacional, que al parecer era la responsable de sacar del país a inmigrantes, principalmente por las terminales aéreas, con complicidad de dos funcionarios de Migración Colombia, que ofrecían paquetes que además de incluir la salida del país, agregaban la expedición de documentos para su movilidad en los destinos internacionales. La banda tendría injerencia en varias naciones latinoamericanas y a pesar de las capturas, varios implicados siguen prófugos de la justicia.

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y otras autoridades nacionales e internacionales, entre esas el Grupo HSI / ICE de la Embajada de los Estados Unidos, adelantaron las diligencias en varias ciudades del país, principalmente en el departamento del Atlántico, Córdoba y la Guajira.

“Se trata de la desarticulación de una organización criminal transnacional dedicada al envío ilegal de migrantes venezolanos y dominicanos desde Colombia hacia los Estados Unidos y Europa, a través de vuelos comerciales con identidades colombianas adquiridas de manera irregular y documentos falsificados”, destacaron en el informe de las autoridades.

Lo más sorprendente de la diligencia fue que dentro de los 9 capturados hay dos funcionarios de Migración Colombia, según reveló El Tiempo, se tratan de Rolando Iglesias Sanjuan y Rafael Púa Ríos, adscritos a las regionales del Atlántico y La Guajira.

Dentro de las investigaciones, estos facilitaban la entrada y salida de personas, de forma irregular, logrando que semanalmente salieran entre 5 y 10 migrantes, a través de los aeropuertos de Barranquilla y Cartagena:

“Semanalmente traficaban entre 5 y 10 migrantes por rutas aéreas, los cuales eran enviados desde los aeropuertos internacionales de Barranquilla y Cartagena, en complicidad con funcionarios públicos encargados del control migratorio en esas terminales. De igual forma, vía terrestre, semanalmente enviaban entre 15 y 25 migrantes hacia el sur del continente, sometidos a toda clase de riesgos sin importar su integridad”.

Además de los trabajadores de la oficina de Migración, hay otros detenidos que se encargaban de tramitar y falsificar los documentos falsos, según la investigación, labor que venían realizando desde el año 2019. Todo esto contemplado en interceptaciones telefónicas, seguimientos y testimonios.

Dentro de los servicios que ofrecía la banda criminal, se encuentra la expedición de documentos de identificación colombianos falsos, residencias extrajeras como la chilena, suplantación de visas por ejemplo de nacionalidad mexicana y/o la prórroga de pasaportes para los venezolanos.

Estos se incluían en paquetes que podían costar unos dos millones de pesos, aunque los montos podían ser mucho más superiores, en los alcanzaban a ofrecer la estadía de estas personas en otros países mientras se tramitaban los documentos para su tránsito en territorio internacional.

Dentro de los destinos, estaban salidas a Ecuador, Perú y Chile; esto ya se había reseñado en algunos medios de comunicación, como por ejemplo, El Heraldo, quien había conversado con uno de los agentes implicados en la operación:

“Las personas mayormente son criminales, líderes de redes de trata de personas o indocumentados. La red lo que les ofrece es la expedición de documentos colombianos con la garantía de que podrán salir del país en total legalidad hacía el destino que quieran sin tener ningún inconveniente en los puestos migratorios”.

Los inmigrantes salían del territorio colombiano principalmente por el aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortissoz o por el Rafael Núñez de Cartagena; buscando salidas fundamentalmente hacia Panamá, donde se conectaría con México o los Estados Unidos, diligencia que podría costar entre los 4 y 8 millones de pesos.