Por qué exigir transparencia en el financiamiento político
La influencia el dinero en la política y su relación con la corrupción es una de las cuestiones que adquieren relevancia por contaminar los procesos electorales.
La influencia del poder del dinero en la política y su relación con la corrupción es una de las cuestiones que adquieren relevancia por contaminar los procesos electorales, deslegitimar el sistema democrático y derribar la ética en el ejercicio de la administración pública.
¿Por qué ha sucedido? Conforme las campañas electorales se volvieron más sofisticadas y competitivas, sus costos se incrementaron desmedidamente y el factor económico pasó a ser un elemento decisivo. Por eso, en los EE. UU. se llegó a decir que no hay campañas derrotadas, sino empobrecidas.
El financiamiento de la política es el proceso por medio del cual se canalizan recursos económicos o bienes y servicios hacia los partidos con el fin de facilitarles el cumplimiento de los objetivos que tienen reservados como parte del juego democrático para la elección de las distintas autoridades, tanto nacionales como subnacionales, en los Estados democráticos de derecho.
Las formas clásicas del financiamiento son el privado, el público y el mixto. Cada una tiene, además, categorías diferentes, por ejemplo, la segunda se lleva a cabo por medio del financiamiento público indirecto, préstamos de locales y espacios públicos, franquicias para el uso de comunicaciones, exenciones fiscales a los partidos, etc.
El financiamiento público es la contribución financiera del presupuesto nacional que el Estado otorga a los partidos para cubrir sus gastos de participación en los procesos electorales. El propósito último de este financiamiento es garantizar los principios de igualdad, independencia y participación democrática de los partidos.
Con frecuencia, el financiamiento estatal se establece en la Constitución para corregir las distorsiones que puede causar la aportación privada y, así, el control y la regulación queda en manos del órgano electoral, como en Costa Rica, a partir de rigurosos procedimientos que incluyen límites a los gastos y contribuciones, el deber de presentar informes y auditorías, etc.
Tanto el financiamiento público como el privado —que también está regulado en casi todos los países— son objeto de acciones ilícitas. En América Latina, ocurrieron sonados escándalos que salpicaron a presidentes de la República como Carlos Andrés Pérez en Venezuela; Ernesto Samper, en Colombia; y Jamil Mahuad, en Ecuador. Lo anterior se hizo por medio de fondos reservados o partidas secretas.
Más recientemente, estallaron casos de financiamiento privado como el de la constructora Odebrecht de Brasil, por más $3.000 millones; un verdadero tsunami que sobornó a las élites políticas nada menos que de nueve países: Colombia, Brasil, Perú, Argentina, México, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Panamá.
Fue un caso sin parangón que pasó por las fiscalías locales y salpicó a presidentes como Juan Manuel Santos, Alejandro Toledo y otros.
Odebrecht ideó un sofisticado mecanismo para lo cual creó una unidad de negocios que era un verdadero departamento de sobornos, y sistemáticamente pagó cientos de millones de dólares para corromper a empleados de gobierno.
¡No olvidemos aquí el financiamiento del narcotráfico o narcopolítica, ni la historia del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, preso en Nueva York!
El dinero compra votos por doquier, y, como decía con cinismo el exministro mexicano Carlos Hank González, para el corrupto “un político pobre es un pobre político”.
En el campo del financiamiento de la política, la corrupción se entiende como el mal uso y abuso del poder, de origen público o privado, para fines partidistas o personales, a través de la violación de las normas del derecho.
En el caso de políticos que no están en funciones todavía, afirma Daniel Zovatto, el potencial pago del favor solo se concreta a posteriori, siempre y cuando el candidato que recibió el apoyo gane las elecciones y ello le permita devolver los favores a sus beneficiarios.
En momentos en que en nuestro país se ha abierto el debate sobre la financiación política en la pasada campaña electoral, las investigaciones judiciales y de la Asamblea Legislativa deben ser sumamente minuciosas porque la ciudadanía vigilante exige el respeto de nuestro Estado de derecho para la preservación de la legitimidad, transparencia e integridad de nuestra democracia y sus instituciones.
La autora es politóloga e internacionalista.