Duro informe del Gobierno luxemburgués contra la Gran Duquesa María Teresa
El Gobierno de coalición luxemburgués de Xavier Bettel acaba de hacer público el informe sobre el funcionamiento de la monarquía en el que se vierten críticas muy severas hacia la Gran Duquesa Maria Teresa. El autor del informe, un antiguo funcionario del Palacio Gran Ducal, Jeannot Waringo afirma haber tenido «sentimientos de consternación« al elaborarlo. El documento centra sus críticas en la gestión del personal, pero su publicación ha levantado una polémica en este país donde por primera vez se ha incluido la palabra abdicación refiriéndose al Gran Duque Enrique. Este había publicado recientemente un mensaje en defensa de su esposa y en el que igualmente se reafirmaba en su voluntad de seguir sirviendo a los luxemburgueses.
El informe, de 44 páginas, dice que «la gestión de recursos humanos plantea muchas preguntas» porque entre 2014 y 2019 hubo dieciséis renuncias, once despidos y ocho rescisiones de contrato durante el período de prueba. La versión de Palacio es que se trata de adaptaciones del conjunto del personal al periodo que concluyó con la muerte del Gran Duque Juan el pasado 23 de abril, a los 98 años. A lo largo de las páginas, Jeannot Waringo señala así ciertos trastornos, como «la ausencia de un proceso de reclutamiento definido», «casi ninguna comunicación interna» o «una vida cotidiana salpicada de palabras y rumores no pronunciados». También afirma que «notó cierta ansiedad entre los empleados". En relación a María Teresa, se dice que «en la cadena de toma de decisiones del Palacio, especialmente en el campo de la gestión del personal, el papel de La Gran Duquesa (que ejerce una función puramente representativa) no debería ser un tema de discusión», es decir, que se le atribuye haber tomado decisiones que a juicio del redactor del informe le corresponden solo al Gran Duque.
El informe ha sido presentado hoy en el Consejo de Ministros y será discutido en el parlamento la semana que viene.
La Casa Gran Ducal cuenta con 89 funcionarios y un presupuesto de 10,6 millones de euros, medio millón menos que el año pasado porque el Gobierno ha decidido reducirlo.