La defensa del Chicle pide anular la sentencia y repetir el juicio

Toda la furia que la abogada Maria Fernanda Álvarez, defensora de oficio de José Enrique Abuín, desplegó durante el juicio por el crimen de Diana Quer, se vierte y condensa en el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial tras la condena a prisión permanente revisable de su cliente. Toda la virulencia con la que la letrada de la defensa protagonizó los momentos más intensos de la vista oral vuelve a aparecer en los 125 folios de su escrito, en los que solicita la nulidad de la sentencia, la repetición del juicio y que este se lleve a cabo con un tribunal profesional y no un jurado popular. Para la defensa de Abuín, tanto la sentencia condenatoria conocida el pasado 17 de diciembre como el veredicto previo del jurado adolecen de una «motivación defectuosa», y no son sino el corolario de un procedimiento viciado en el que, a su parecer, hubo «falta de independencia judicial» y «de objetividad, imparcialidad, veracidad y rigor» en forenses y policías, además de permitirse «pruebas incriminatorias» ilícitas. «Lo que ha sucedido en la presente causa es un ejemplo de lo que no se debe permitir en un Estado de Derecho», sostiene la abogada, «fue un proceso huérfano de garantías, en el que ha valido todo con el único fin de revalidar la condena social que recayó a saco (sic) sobre el acusado a partir del momento en que confiesa dónde está el cadáver y se encuentra desnudo» en el pozo de la nave de Asados. «Se ha retrocedido a la justicia medieval (…) en un contexto de absoluta contaminación mediática», añade. «Entendemos que no ha existido imparcialidad ni independencia judicial, lo que vicia el proceso y la sentencia, debiendo celebrarse un nuevo juicio y ser enjuiciado por un tribunal profesional, pues es la única forma posible de conseguir un juicio con todas las garantías». Los ataques a los informadores, que ya protagonizó la abogada durante las sesiones del juicio, proliferan en su escrito, así como las constantes apelaciones a la «contaminación» o «infección mediática». «Es un hecho público y notorio el espectáculo mediático que se ha generado con motivo de la instrucción y posterior juicio de la causa, así como el tratamiento del acusado como culpable durante todo ese tiempo, lo que ha provocado que ese prejuicio de culpabilidad se enquistara en la conciencia popular e invadiera el proceso de una manera irracional». En su opinión, «los miembros del jurado (…) no fueron capaces de desprenderse de los prejuicios concebidos hasta la fecha y de conseguir ser independientes e imparciales en la valoración de las pruebas y en la toma de decisiones, lo que ha conducido a una sentencia que no es válida ni justa», y todo fruto de la «nula ética periodística que existe en la actualidad, y que, al parecer, es el nuevo "faro" de la justicia popular». Este es el tono. Nada se salva de la censura y el reproche indiscriminado de la abogada de Abuín. «Los peritos han faltado de manera gravísima a su deber de imparcialidad, objetividad, veracidad y rigor técnico», apunta. En concreto, acusa a los forenses de «fabricar un relato de los hechos» para «revalidar la versión mediática de acecho-maletero-violación-asesinato», llegando incluso a «manipular pruebas» al colocar la brida hallada en el pozo alrededor del cuello durante la autopsia. «Se ha faltado a la verdad para justificar la tesis del estrangulamiento». Rosario de irregularidades Respecto de los investigadores, la abogada imputa a los agentes la práctica de «diligencias ilícitas» al «decidir por su cuenta practicar nuevas diligencias sin haber sido acordadas por el juez instructor y sin dar oportuna las partes a intervenir en las mismas», como fueron la toma de nuevas declaraciones a los feriantes o la entrada en la nave de Asados «para hacer un reportaje de luminosidad». En el recurso aparecen nuevamente muchos de los argumentos esgrimidos por la defensa durante el juicio, como el cuestionamiento de la considerada arma del crimen: la brida hallada en el pozo de Asados. «La supuesta arma homicida no está identificada», reitera la abogada, amparándose en las mediciones contradictorias de sus dimensiones que se recogen en los distintos informes. «El rigor ha brillado por su ausencia». Ademas, como también hizo en el juicio, protesta enérgicamente por el hecho de que el jurado pudiera tener acceso a la sentencia del «caso Boiro», por el que se condenó a Abuín por unos hechos que desencadenaron su detención por la desaparición de Diana pero que se produjeron meses más tarde del crimen de la joven madrileña. «No se puede acusar ni condenar a nadie en base a lo que hizo en un futuro», interpreta, «sin embargo aquí sí se ha hecho». Tanto el presidente del tribunal como las acusaciones consideraron que esta documental ilustraría una pauta de conducta en el acusado, aunque la defensa considera que ambos casos se retroalimentan en base a suposiciones. El «caso Boiro» está juzgado con sentencia firme. Sobre el veredicto, la defensa afirma que «se ignora cuáles son las razones que han conducido al jurado a considerar probados los hechos que constituyen los delitos por los que fue condenado» Abuín: detención ilegal, agresión sexual y asesinato. «Esa ausencia de motivación es una grave afrenta al Estado de Derecho y a todos y cada uno de los principios fundamentales en que se cimenta». El fallo consideró probado que el Chicle cometió actos sexuales indeterminados con Diana. «No hay pruebas contundentes y por eso no los han podido determinar», replica la abogada Álvarez, «ausencia de pruebas y condena son conceptos que se excluyen en un Estado de Derecho. Se condena a una persona a la pena máxima del Código Penal y no sabe por qué hechos», concluye. En su opinión, no hay pruebas que avalen ninguno de los tres delitos por los que Abuín fue condenado sino meras «suposiciones» encadenadas, y reitera la versión de los hechos expuesta durante el juicio: el acusado fue sorprendido robando gasolina por Diana, esta se desnucó cuando Abuín le echó las manos al cuello (la defensa insiste en que el «estrangulamiento accidental» es un invento de los medios), la ocultó en el asiento trasero de su coche, la llevó a Asados para ocultar el cadáver y no hubo móvil sexual alguno. Así, pone en cuestión el relato pericial sobre la geolocalización de los móviles de Diana y Abuín en la noche del crimen, la autopsia, la reconstrucción de los hechos, los testimonios de expertos durante el juicio... Nada se salva. Por último, la confesión. La letrada sostiene que se trata de una «atenuante muy cualificada» y que, por tanto, debe tener afectación para aminorar la pena que se fije, y no «atenuante relevante», como la consideró el jurado. «Lo único que determinó el hallazgo del cadáver y la reapertura del procedimiento que estaba sobreseído fue la confesión del acusado», defiende. La pelota queda ahora en el tejado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.