El Gobierno andaluz aparca por ahora la eliminación del Consejo Consultivo
El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) firmaron un documento para poner los bordes del acuerdo que permitió arrancar la actual legislatura. En él se comprometieron a impulsar un conjunto de medidas , entre ellas un grupo que enmarcaron en un bloque de regeneración democrática y que incluía la supresión del Consejo Consultivo y una reforma de la Ley Electoral.
El órgano de consulta está integrado por el presidente, los consejeros permanentes y otros de carácter electivo y fue creado por la Ley 8/1993, de 19 de octubre, derogada por la 4/2005, de 8 de abril, ahora en vigor. Su función esencial pasa por emitir dictámenes en los que se vela por «la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía –en el que aparece reflejado como una de las instituciones de autogobierno–» y del «resto del ordenamiento jurídico» y que no son vinculantes, a no ser que la ley disponga lo contrario.
De acuerdo a la información recogida en el Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad para el próximo ejercicio, el Ejecutivo andaluz no va a hacer desaparecer de momento el Consejo Consultivo. En ese documento se fijan las retribuciones de los altos cargos de la Junta, entre ellas las del presidente del Gobierno autonómico, el popular Juanma Moreno, quien está previsto que vuelva a percibir los 67.886,04 euros que cobrará este año en doce mensualidades y sin derecho a pagas extraordinarias. «Sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente», según se matiza en el texto.
El presidente del Consejo Consultivo, puesto que ostenta Juan Bueno, tampoco verá alterada su economía. De hecho, el anteproyecto contempla que su sueldo siga siendo exactamente el mismo que el de Moreno: 67.886,04 euros, con doce mensualidades y sin pagas extra tampoco. Por lo que respecta a las consejeras y consejeros con dedicación exclusiva del Consultivo, éstos ingresarán 66.813,60 euros.
En definitiva, no parece que el Ejecutivo autonómico esté dispuesto a desenredar esa madeja en breve. Aunque fuentes de éste aseguraron ayer a LA RAZÓN que se encuentran «en proceso de evaluación de todos los entes y de todos los órganos estatutarios que sean susceptibles de modificación, evaluación o corrección». En relación expresa al Consultivo, las mismas fuentes anotaron que el que «esté dentro del Estatuto de Autonomía» conlleva «un poco más de tiempo, un poco más análisis y un poco más de estudio», pero garantizaron que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local «está en ello» y que «en los próximos meses se dará conocimiento de las iniciativas que se lleven a cabo».
En otras comunidades del Estado sí se ha movido ficha ya en ese sentido. Madrid, donde su Estatuto no reconocía al consejo como institución, se liquidó por ley y en Extremadura, donde sí lo hacía, también se fulminó. Las funciones que éste desempeñaba las asumió una Comisión Jurídica formada exclusivamente por funcionarios, en términos similares a lo que se había hecho en la región madrileña.
A ello hay que sumar que en una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de julio de 2017 y vinculada al cierto revuelo judicial que provocó la decisión en la comunidad vecina, se estableció que la «garantía institucional» está asegurada por el Consejo de Estado, al que quedarían reservadas las funciones más relevantes en los casos en los que el Consultivo se aniquilara.
Al margen del superior órgano asesor autonómico, tampoco ha cuajado aún nada en relación a la prometida reforma de la Ley Electoral, según diversas fuentes consultadas por este diario.
La aniquilación de los aforamientos políticos y la limitación de mandatos sí están ya en marcha
En lo que sí ha empezado a trabajar ya de forma visible el Gobierno andaluz en materia de regeneración democrática es en dos de las llamadas a ser propuestas «estrella» en esta legislatura. Se trata de la eliminación de los aforamientos de los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta y de los 109 diputados que conforman el Parlamento autonómico y en la limitación del mandato de los primeros. El Ejecutivo regional de PP y Ciudadanos busca que los cargos no se puedan revalidar más de ocho años consecutivos, una acotación temporal que se empezará a aplicar a partir de la próxima legislatura.