"Si extraditan a mi hijo a Caracas lo matarán"
«Sicario de la derecha», «miembro del Ku Klux Klan», «corrupto de Odebrecht» o «terrorista», son algunos de los calificativos que ahora aparecen junto al nombre de Enzo Franchini. Desde hace más de dos años, el régimen chavista le acusa abiertamente en redes sociales y en programas de televisión de ser un criminal, un asesino. La palabra «supuesto» no existe en su vocabulario y las garantías para un juicio justo se desvanecieron hace tiempo en Venezuela.
El nombre de este joven de 34 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana, y el de su familia se ha ultrajado. Enzo formaba parte activa de las protestas contra el Gobierno de Maduro en 2017. «No era de ningún partido político, aunque sí que estaba cansado de la crisis humanitaria reinante», aclara Elena, su madre, que aunque ahora le duela entiende que los jóvenes salieran a manifestarse contra el régimen. «Durante las protestas, como él tenía moto, se encargaba de recoger a los heridos. Así evitaba que respiraran más gas lacrimógeno, les aplastaran, o mucho peor», explica Elena.
El 20 de mayo de 2017, Enzo estuvo en el lugar erróneo en el momento equivocado. El ingeniero vio tumulto en una de las marchas en Chacao y acudió, como de costumbre, para intentar ayudar. Dejó su moto y se encontró frente a frente con un corrillo que rodeaba a un joven, Orlando Figuera, acusado de ser un ladrón. A pesar de los aspavientos de Enzo para frenar la situación, los chicos de su alrededor le rociaron con gasolina (vacíaron botellas que podrían servir para un cóctel molotov). Después, encendieron un mechero y quemaron a Orlando, quien salió corriendo, en llamas, del círculo. Enzo, con casco, es fácilmente reconocible en las imágenes que se grabaron desde varios ángulos sobre los hechos.
Una vez en el hospital Dr. Domingo Luciani del Llanito, las autoridades tomaron declaración a Orlando, que en ningún momento culpa a Enzo. Al contrario, describe a su banda enemiga, de «parqueros» (Malandrín, Pecas, Menor y Oriental, salen a colación) con quienes «tiene un pique desde que recogíamos la basura». Orlando admite que siempre ha trabajado de parquero, «porque es la única manera que uno consigue trabajar». Al preguntarle qué problema tuvo, explica que «esos chamos de por ahí son culebra». Le piden que sea más específico: «Eso viene de un pique desde que recogíamos la basura», contesta Orlando. «¿Quién era el que le dio la puñalada?», «El Malandrin», replica. Le interpelan cómo puede estar consciente y saber cuáles fueron las personas que le atacaron: «Me di cuenta porque ya yo estaba apuñalado y todavía estaba consciente y gritaron ‘‘epa, ese anda robando’’ y se acercaron muchas personas y la cuchillada me la hizo ‘‘Malandrín’’, un chamo me echa gasolina y esa persona es de la manifestación». Orlando describe a los protagonistas, hay un chico negro, otro rubio, un asiático, un niño... Ninguna de las reseñas ni profesiones corresponden a la de Enzo y su identificable casco blanco. Orlando falleció en el hospital, 15 días después de las fatídicas cuchilladas y las quemaduras de su cuerpo. El sistema sanitario venezolano no pudo salvarlo. Y el chavismo aprovechó su muerte para tener un mártir en plena oleada de descontento. De las 163 muertes que se produjeron durante las manifestaciones de 2017, la mayoría a manos de las Fuerzas de Seguridad, se ha imputado a cuatro personas y solo ha habido una condena. Prácticamente la única que se ha «investigado» es la de un joven que no era un manifestante, un opositor.
Con todo lo expuesto por Orlando, el Gobierno de Venezuela acusa a Enzo de que «en plena vía pública golpeó, le causó herida, punzó cortantes con un cuchillo y posteriormente roció gasolina y le prendió fuego a la víctima». Enzo logra salir del país antes de que el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) acuda a detenerlo. Tras pasar un tiempo en EE UU el ingeniero decide empezar de cero, primero en Valencia, y luego en Madrid. «Si realmente hubiera hecho algo malo habría decidido irse a Italia, pues su Constitución prohíbe la extradición de sus nacionales», indica su madre.
Pero el 31 de mayo de 2019, Venezuela emite la orden internacional de busca y captura a Interpol por un «homicidio intencional calificado». En julio, la Policía Nacional detiene a Enzo en Getafe. «Se renovó el carné de conducir», recuerda Elena. La Audiencia Nacional ordena su entrada en prisión. Enzo es trasladado a la cárcel de Soto del Real, donde aún continúa. En Venezuela, «nos han sometido a una terrible campaña de calumnias y acoso. Amenazas si no colaboramos con ellos.Mi hija pasó 48 horas en el Helicoide y a mi marido (que sigue allí) van a visitarlo de vez en cuando». Reconoce que tienen miedo a hablar y se han aislado completamente «para no poner en peligro a nuestros seres queridos, para protegerlos». Sin embargo, teme aún más por la vida de su hijo si finalmente las autoridades españoles deciden extraditarlo. «En Venezuela no hay garantías. No queremos que Enzo salga de España.Me da pavor. Hemos visto lo que hacen con los presos allí, los lanzan de un sexto piso y que parezca un accidente, los matan a golpes... Por no hablar del estado de las cárceles», asevera Elena. «Es que si extraditan a mi hijo a Venezuela, lo matarán. Además, a Enzo, el vicepresidente Diosdado Cabello o el fiscal Tarek William Saab, lo han señalado con el dedo como asesino», se rompe a llorar su madre.
Elena ha puesto en pausa su vida para solucionar la de Enzo. Esta doctora se ha trasladado a Madrid, donde ahora trabaja en un «call center» a las afueras, para estar cerca de su hijo. Cada fin de semana hace un doloroso viaje hasta Soto del Real. «Espero que España lo deje en libertad. Así de una vez por todas quedaría demostrada su inocencia y se limpiaría su nombre», sentencia.