El Congreso pide a la Audiencia Nacional el sumario del caso Koldo
La Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha dirigido un oficio al Consejo General del Poder Judicial para solicitar que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo proporcione a la comisión parlamentaria sobre la compraventa de material sanitario en la pandemia el sumario íntegro de la causa. En paralelo, ha realizado la misma petición al juzgado de instrucción número 47 de Madrid, que siguió el conocido como caso mascarillas. El oficio, al que tuvo acceso ABC, está firmado el 30 de abril y tras recorrer el periplo por el CGPJ y la Presidencia de la Audiencia Nacional, ha llegado este jueves a la mesa del instructor Ismael Moreno, quien ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre la procedencia de atender la pretensión. Está pendiente entre tanto su posición acerca de otra petición muy similar, la del Parlamento de Baleares, que ha pedido igualmente el sumario del caso Koldo para su propia comisión de investigación. La petición que suscribe Armengol la eleva el presidente de la Comisión de Investigación parlamentaria sobre las mascarillas en la que ella misma compareció hace sólo unos días. Va también dirigida a los juzgados de Plaza de Castilla, donde se instruyó el caso mascarillas por el que están pendientes de juicio el comisionista Alberto Luceño y el empresario vinculado a la nobleza Luis Medina. Noticia Relacionada estandar No El Parlamento Balear pide a la Audiencia Nacional copia del sumario del caso Koldo Isabel Vega Remite un escrito que solicita «copia de las diligencias» para la comisión que investiga los contratos de mascarillas con la empresa de la trama A diferencia del caso Koldo, en esa causa, un pelotazo de once millones de euros en material sanitario vendidos al Ayuntamiento de Madrid, donde más de la mitad, era beneficio neto para los dos intermediarios, los hechos fueron calificados como ilícitos de estafa agravada, entre otros delitos. En la Audiencia Nacional el ilícito principal es el tráfico de influencias. Pero en ambos casos, la situación es similar. Las actuaciones procesales son reservadas a las partes en la causa, lo que excluye a priori que el Congreso pueda tener acceso a los informes que obran en un sumario y que recogen todo tipo de información sensible de las personas afectadas por la investigación. Este fue el argumento que esgrimió el juez Manuel García-Castellón cuando la pasada legislatura negó a la Cámara Baja acceso al caso Kitchen, y también el que utilizó igualmente la Audiencia Nacional para vetar que los diputados manejasen el caso Gürtel en el pasado.