La plantilla de Alcoa avisa: el nuevo estatuto va a rebajar las ayudas

La esperada receta del Gobierno central para rebajar la factura eléctrica a las empresas grandes consumidoras de energía no ha tranquilizado a la plantilla de Alcoa. El lunes los ministerios de Transición Ecológica e Industria presentaban a la patronal del sector y a los sindicatos un esbozo del estatuto para las electrointensivas. «Tal como está redactado, no resuelve el problema», sostiene el presidente del comité de empresa de la última factoría de aluminio primario que queda en España, José Antonio Zan. Según los cálculos de los trabajadores, si no se corrige el borrador este año recibirán 4,5 euros menos por megavatio con respecto al pasado para compensar los altos precios de la energía. La principal novedad del estatuto es la creación de un mecanismo de cobertura para el impulso de los contratos bilaterales de compraventa de energía a largo plazo. El fondo de garantías se usará cuando la industria y las eléctricas negocien un precio más estable por el megavatio, que tendrá que producirse con energías renovables. Este fondo, según ha explicado el Gobierno, sumará 90 millones de euros a las ayudas que ya estaban en marcha, 172 millones por las compensaciones del CO2. Pero el comité de Alcoa censura que este nuevo mecanismo es «de dudoso cumplimiento, dado el oligopolio de las eléctricas y la falta de regulación por parte del Gobierno». Según explica Zan, «nadie los obliga a firmar esos contratos». Otra de las medidas que juega en contra de Alcoa es que el estatuto, al definir claramente qué consumo energético es necesario para ser considerado electrointensivo, ha ampliado el número de empresas que pueden recibir ayudas. Antes había 252 en toda España y ahora serán 600. Aunque en total se incremente el montante total de ayudas, se repartirán entre más operadores. Eso supone menos dinero para cada uno. El comité de Alcoa entiende que se debería haber creado la categoría específica de empresa hiperelectrointensiva para apoyar más a quién más energía consume. Según los cálculos de los representantes de los trabajadores, si el año pasado la reducción de la tarifa eléctrica fue de 17 euros por megavatio/hora, en 2020 se quedará en 12,5 euros. En la reducción se tiene en cuenta que el Gobierno ha prácticamente ya eliminado el sistema de ayudas por la interrumpibilidad, que había sido cuestionado por la UE. En total el estatuto contempla unos 262 millones en apoyo a las electrointensivas, muy lejos de los 500 millones que se llevaban hace años solo por la interrumpibilidad (la compensación por estar dispuestas a parar la producción en caso de que el país tuviese mucha demanda eléctrica). El borrador del estatuto tampoco ha gustado al sindicato CIG, quien censura que «no permite sentar las bases de una tarifa industrial predecible, estable y competitiva». Tanto la CIG como el comité de Alcoa ya anuncian que presentarán alegaciones al texto para intentar que dé certidumbre a los más de 5.000 trabajadores del sector electrointensivo gallego. «Operación estética» Desde la Xunta, el titular de Industria, Francisco Conde, también se mostró escéptico sobre el alcance del estatuto. Tras calificar de «operación estética» el documento, puso en duda que el conjunto de medidas previstas logre dar un precio «competitivo» al sector. «El Gobierno sigue con esa indiferencia hacia Galicia», criticó a preguntas de los periodistas en un acto en La Coruña, recoge Efe. De lo conocido hasta ahora, «la única realidad» es que hay una dotación económica «que es la mitad de lo que había en 2017 y con más empresas beneficiarias». «Es muy difícil que las empresas que más necesitan de este tipo de ayudas, como Alcoa San Cibrao, puedan tener una respuesta en términos de precio competitivo», sentenció.