El exjefe de ETA Kantauri se declara insolvente tras ser procesado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco
El que fuera jefe de la organización terrorista ETA José Javier Arizcuren, alias ' Kantauri ', se ha declarado insolvente y ha mostrado su disconformidad con el auto por el que la Audiencia Nacional le procesó junto a otros tres dirigentes de la banda por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Kantauri ha comparecido ante el tribunal para que le fuese notificado su procesamiento, acordado a finales del pasado mes de abril por el magistrado Manuel García Castellón , que considera que se dan los requisitos de la autoría mediata por su posición de dominio de la organización. En un auto de más de cien páginas, recogido por esta agencia de noticias, el juez acordó el procesamiento de los exmiembros del Comité Ejecutivo de ETA Kantauri; Mikel Albisu Iriarte, alias 'Mikel Antza', María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', e Ignacio de Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'. Noticia Relacionada estandar Si La Audiencia Nacional embarga el sueldo a una exedil de Bildu condenada por terrorismo Isabel Vega Es la primera victoria de las víctimas de ETA en la persecución de los terroristas para el pago de responsabilidades civiles Las fuentes consultadas explican que la declaración indagatoria de Anboto -en la que le comunicarán el procesamiento_se celebrará este miércoles. Las de 'Mikel Antza' e 'Iñaki de Rentería' se celebraron el pasado 13 de mayo, y ambos mostraron su oposición al citado auto. A los cuatro el juez les procesó por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con el agravante de alevosía . El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 entendía que podían haber impedido el asesinato de Blanco y no lo hicieron, lo que evidenciaba «una voluntad inequívoca en la producción del resultado». García Castellón impuso además a los cuatro el pago de una fianza solidaria de 2 millones de euros con los que hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que se les pudieran imponer en caso de condena. El magistrado recordaba que, al momento del asesinato, los cuatro procesados ostentaban «suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro». Y todo porque podían haber dado al Comando Donosti «la orden expresa y concreta de poner en libertad» a Miguel Ángel Blanco. El juez consideraba además «improbable» que una acción terrorista como esa «fuese realizada por un comando de ETA sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA «.