El Congreso insta al Gobierno a retirar las condecoraciones a dictadores y policías franquistas

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una proposición no de ley para instar al Gobierno a retirar las condecoraciones y distinciones otorgadas, entre otras figuras, a dictadores y a policías del franquismo, planteada por el grupo parlamentario de Podemos en la Cámara Baja. La medida, apoyada por todas las fuerzas de izquierdas e independentistas, contó con la crítica del PP, Vox y Ciudadanos, que en diferentes grados censuraron el «sectarismo» de la iniciativa, que obvia a personalidades de izquierdas tambiébn reconocidas en España. Tanto, que los mismos partidos que apoyaron esta moción rechazaron otra del PP sobre el fin de la apología del comunismo. La proposición no de ley, expuesta por el diputado de Barcelona en Comú Gerardo Pisarello, señala algunos ejemplos de personas que fueron condecoradas en distintos momentos y que, a su juicio, no demuestran la ejemplaridad que merece esta distinción. Pisarello criticó las medallas de la Real Orden de Isabel la Católica al dictador argentino Jorge Rafael Videla, condenado como autor de 468 crímenes de lesa humanidad; a su homólogo en Uruguay Gregorio Conrado Álvarez Armelino, culpable de varios delitos de homicidio y desapariciones forzosas; o al expresidente de Guinera Ecuatorial Teodoro Obiang. También el reconocimiento a los policías Antonio González Pacheco, más conocido como 'Billy el Niño'; José Sáinz González, alias 'Pepe el Gordo'; o Eduardo Quintela Bóveda, a quien se le concedió la Medalla de Plata al Mérito Policial. La crítica de PP, Vox y Cs se ha sustentado fundamentalmente en el hecho evidente de que no se ha hecho una sola alusión a dictadores y figuras de dudosa entidad democrática como Mobutu Sese Seko, Erich Honecker o Fidel Castro y el expresidente de la URSS Konstantín Chernenko, ambos galardonados con la Medalla de Oro del Senado. «No dicen nada porque son unos sectarios y solo quieren revolver las tripas de los españoles», espetó el diputado del PP Jaime Miguel Mateu, que confirmó la abstención de su grupo. A su juicio, esta proposición obedece a una «estrategia de distracción» para desviar la atención de la opinión pública y no ocuparse de temas como la subida de la luz. Desde Vox, Carlos José Zambrano centró su rechazo a la iniciativa por dos cuestiones, una política y otra jurídica, calificadas como un «despropósito». Respecto a la primera, Zambrano reprochó a los impulsores de la proposición que la hayan presentado «con el disfraz de democrátas», en alusión a su silencio sobre otros regímenes totalitarios. La segunda, porque el reglamento de la Real Orden de Isabel la Católica, por ejemplo, señala que al fallecer los condecorados deben devolver la medalla y, por tanto, «no se le puede quitar nada a alguien que ha muerto». «Estamos hartos de perder el tiempo en cuestiones absurdas», dijo el diputado. José María Espejo-Saavedra, de Cs, mostró su apoyo pero hizo especial hincapié en que su partido censura cualquier régimen, sea cual sea su ideología, y criticó a la izquierda por «callar de forma cómplice» cuando la iniciativa es del signo contrario. También tuvo palabras para el representante de Bildu, Jon Iñárritu, que habló de retirar las medallas a «torturadores del terrorismo de Estado» como el general Galindo. «Es importante decirle que condene el homenaje a Parot», subrayó Espejo-Saavedra en referencia al silencio de Bildu sobre los actos en honor al mayor asesino de la historia de ETA, condenado por 39 muertes, entre ellas cinco niños, algo que igualmente recordaron desde el PP y Vox. Si bien el PSOE señaló sus reservas por que se incluyan figuras «muy diferentes» como los dictadores o los condenados por delitos de lesa humanidad con policías franquistas en la misma medida, el diputado Indalecio Gutiérrez anunció su apoyo sin ambages a la proposición, aunque recordó que la Ley de Memoria Democrática –pendiente de su debate en las Cortes– ya prevé que las administraciones públicas adopten las medidas necesarias para retirar las condecoraciones incompatibles con los valores democráticos. Sea como fuere, la Comisión Constitucional dio luz verde al planteamiento del grupo parlamentario de Podemos: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a la revisión y retirada de las condecoraciones y distinciones otorgadas a miembros de regímenes totalitarios y a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o actos delictivos que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales». Apología del comunismo Reacción muy distinta tuvieron para suscribir otra proposición no de ley sobre el fin de la apología del comunismo. La popular Edurne Uriarte puso de manifiesto que la izquierda se ha negado dos veces a condenar el comunismo en las Cortes y equipararlo al nazismo y a los fascismos europeos, de la misma firma forma que hizo el Parlamento Europeo en septiembre de 2019. «La ministra Yolanda Díaz ha llegado a decir que el comunismo es un idel revolucionario muy vigente y que es igual a democracia e igualdad», criticó Uriarte, que reiteró su condena a la «tolerancia, justificación y apoyo» que partidos como Podemos o el PSOE hacen de esta ideología. De hecho, como informó ABC, la Ley de Memoria Democrática obvia la citada resolución y no cita al estalinismo ni una sola vez. Los argumentos del resto de formaciones fueron casi idénticos a los expresados en la primera proposición, con la salvedad de que en esta ocasión hicieron verdaderos esfuerzos por justificar el comunismo. Sirva como ejemplo la intervención de Iñárritu, que no hizo ningún comentario sobre el homenaje a Parot, pero sí de las bondades del comunismo: «Ustedes mezclan dramas y crímenes con ideología (...) Es una banalización del nazismo y del holocausto». A este respecto, el diputado de Vox Francisco José Contreras, experto en la materia, destacó la «asimetría moral» de la izquierda para ponderar unos regímenes y condenar los contrarios. La propuesta popular fue rechazada y solo fue apoyada por Vox y Ciudadanos.