El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado este miércoles «repercusiones» negativas en las relaciones entre España y Brasil por el ya denominado caso Vinicius , después de que el futbolista carioca del Real Madrid recibiera insultos racistas el domingo pasado de varios aficionados en el estadio de Mestalla de Valencia durante un partido de Liga de la jornada 35. «En absoluto», ha sentenciado Albares respecto a una afección a las relaciones entre ambos estados, que ha pronunciado esta valoración tras acompañar al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, por algunas de las salas del Museo Patio Herreriano, que albergará buena parte del Consejo Europeo de Energía y Medio Ambiente los días 10, 11 y 12 de julio. El ministro ha asegurado así que desde Brasil «se comprende perfectamente el rechazo y la repugnancia de los españoles» hacia cualquier actitud o expresión racista , que «atenta contra aquello en lo que todos los seres humanos», ha recordado, son «iguales», que es la «dignidad». «Por lo tanto, atenta contra la cohesión de nuestra sociedad», ha resumido, recoge Ical. De hecho, Albares ha subrayado que el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, «ha aplaudido y felicitado públicamente la rápida acción tanto de la Policía Nacional como de los jueves españoles», incluso, ha proseguido el ministro, «en su cuenta de Twitter». En este sentido, ha alabado el sistema «perfectamente establecido» en España, que actuó con «mucha rapidez, como se ha demostrado». Noticia Relacionada estandar No Cuatro ultras del Atlético de Madrid detenidos por el muñeco de Vinicius colgado en un puente Aitor Santos Moya La Policía Nacional ha efectuado los arrestos en plena polémica desatada por los insultos racistas contra el delantero brasileño No obstante, Dino aseguró que Brasil está estudiando adoptar el principio de extraterritorialidad en este caso. Albares ha preferido «no entrar a valorar decisiones deportivas», pero reiteró que hay «todo un sistema» para luchar contra el racismo, que «el Gobierno rechaza de forma tajante, que no se permite y que se actúa con enorme rapidez para ello».
