Las familias de los 21 marineros que murieron en el naufragio del Villa de Pitanxo en febrero de 2022 han solicitado a la Audiencia Nacional que anule la misión que salió ayer hacia Terranova y obligue al barco a volver . La petición, desesperada, se basa en que esta expedición partió sin la autorización del Juzgado Central de Instrucción número 2, gobernado por Ismael Moreno, que se encarga de la investigación del siniestro en términos de 21 presuntos delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores. «Se han pasado por el forro todas las garantías legales» censuró la portavoz de los afectados sobre cómo el Ministerio de Transportes había gestionado una prueba «judicializada» que ha organizado a espaldas de la Audiencia Nacional comprometiendo así su validez de cara a la celebración de un juicio. La celeridad con la que el buque Ártabro y los dos robots que lo acompañan zarparon del puerto de Vigo este miércoles ha dejado en tierra a uno de los dos peritos de cuya existencia sabía el juzgado -están vinculados a la Comisión de Investigación de Accidentes adscrita al Ministerio- y que no han sido designados judicialmente como tales. Ni siquiera ha contemplado que viaje a bordo el perito de parte que pedían, como es su derecho, las familias de los marineros muertos en el siniestro. No tuvieron ni siquiera opción de designarlo . Fuentes consultadas por ABC aseguran, además, que la hora de partida del buque se adelantó para impedir problemas con la salida por parte de la Audiencia Nacional. Temían que un requerimiento de última hora retrasase la partida. Y ese requerimiento, de hecho, se emitió. Ayer Ismael Moreno envió un recordatorio a Transportes de que ya el 8 de mayo le había pedido que informase sobre la empresa adjudicataria del contrato para bajar al Pitanxo, las condiciones en que se iba a realizar, los peritos que iban a ir a bordo y en qué calidad, y la posibilidad de añadir a la tripulación a expertos designados por las familias. La respuesta, a horas de que zarpase la expedición, fue un sobre con una dirección web, la de la Plataforma de Contratación del Estado. «Es algo inédito», dicen a ABC en la Audiencia Nacional. Noticias Relacionadas estandar No galicia La misión para inspeccionar el Pitanxo zarpa sin el visto bueno de la Audiencia Nacional Patricia Abet estandar Si naufragio El barco encargado de bajar al Pitanxo renunciará en horas si no firma el contrato Patricia Abet Sobre la polémica, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, manifestó que las decisiones partieron de la Ciaim (Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos), a la que describió como «independiente funcionalmente del Ministerio» . En un intento por lavarse las manos, la responsable de esta cartera limitó su participación en el operativo a «asumir el coste de la contratación del robot que tiene que ir a realizar los trabajos que se le han encomendado». Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, la escasa interlocución mantenida con la Audiencia Nacional no lo es con comisión alguna, sino con una subdirección General del Ministerio de Transportes. Del mismo modo, y desde Ferrol, Sánchez insistió en que se han «cumplimentado las peticiones de información que se han hecho por parte de la Audiencia Nacional». Un extremo que, fuentes de los Juzgados Centrales de Instrucción, niegan con rotundidad. "Ese barco ha zarpado sin autorización judicial", subrayan. Ahondando en el asunto, este diario tuvo constancia de que el Ministerio entregó ayer un sobre a la Audiencia comunicando el nombre de la empresa y un link al contrato, el mismo día en el que el barco partió hacia Terranova y sin esperar respuesta por parte del instructor . «Hechos consumados» censuraron las víctimas ante la sorprendente gestión de esta expedición, fundamental para conocer las causas del naufragio y para aclarar la responsabilidad del patrón, Juan Padín, en las 21 muertes. Entre las quejas de las familias, que llevan meses peleando precisamente para que esta prueba se lleve a cabo , está la falta de coordinación con el juzgado y con los peritos, con los que se debía haber mantenido una reunión sobre el contenido de la prueba que nunca se produjo. Su miedo, explican, radica ahora en que la misión no cumpla las expectativas o pueda, incluso, ser invalidada.
