Madrid reclama 320.000 euros a la Mancomunidad del Este por el retraso en la retirada de residuos de Valdemingómez

El Pleno de Cibeles ha estallado en un rifirrafe con el regreso de la guerra de las basuras. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha informado que el Ayuntamiento de Madrid exige 320.000 euros a la Mancomunidad del Este por el «incumplimiento del convenio» de reciprocidad de residuos suscrito en febrero de 2020. Después de que la planta de Alcalá de Henares se colmara, y mientras estaba lista la nueva de Loeches, dicho acuerdo permitió la entrada de 165.000 toneladas de los 31 municipios del este de la región al vertedero de Valdemingómez. Hasta la fecha, la nueva planta de Loeches no ha recibido los residuos de la capital y el Consistorio pedirá a la Comisión de Seguimiento del Convenio el requerimiento para que la Mancomunidad abone 160.000 euros al mes por romper con lo acordado durante abril y mayo. Además, cada 30 días de quebrantamiento llevan aparejados una multa de 45 euros por tonelada de residuos no trasladados. El anuncio en el pleno se ha hecho el mismo día en el que se ha conocido que los tribunales han desestimado en sentencia del 28 de junio de 2021 el recurso de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) que impugnaba las autorizaciones provisionales con las que la Mancomunidad del Este pudo verter sus residuos desde el 28 de diciembre de 2019 hasta el 24 de febrero de 2020, informa Ep. El concejal de Más Madrid José Luis Nieto, la formación que presentó el recurso, ha aprovechado para exigir la dimisión de Carabante como asunción de sus responsabilidades políticas después de que la Justicia declarara en otra sentencia nulas las seis autorizaciones provisionales concedidas. Las autorizaciones tuvieron cobertura hasta finales de febrero de 2020. En ese periodo de dos meses, Valdemingómez «recibió 35.000 toneladas de residuos procedentes de la Mancomunidad del Este sin ningún sustento jurídico afectando tanto a su operativa como a la vida útil del vertedero, además de perjudicar gravemente a las personas que viven en el entorno de Valdemingómez», ha destacado Más Madrid. Carabante, por su parte, ha destacado que la sentencia establece que «las autorizaciones son de pleno derecho» y que, además, «no había otra alternativa viable que Valdemingómez». Ahora, la comisión es el órgano encargado de analizar las discrepancias y posibles incumplimientos y será en su seno donde se decida la aplicación de las disposiciones previstas en el convenio. Desde el 31 de marzo, Madrid trata exclusivamente los residuos de los madrileños. Desde esa fecha, el Ayuntamiento prohibió a Arganda, autorizada en 2017, y Rivas Vaciamadrid verter sus residuos en la planta de Valdemingómez.