El PSC impugna el decreto-ley de los avales para el 'procés' del 1-O ante el Consejo de Garantías Estatutarias

El PSC ha elevado ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) el decreto-ley con el que la Generalitat de Cataluña quiere dar cobertura legal a los avales públicos para que los enjuiciados por el 'procés' no tengan que asumir con sus bienes las fianzas, sobre todo del Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo. Según los socialistas, el Govern aprobó un decreto-ley cuando, en su opinión, debía haberse hecho «por el procedimiento legislativo ordinario».

La iniciativa del PSC no paraliza la aplicación del decreto-ley, en vigor desde el 7 de julio, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), pero en el texto presentado ante el CGE, consultado por ABC, los socialistas solicitan al organismo consultivo que se pronuncie antes de que el decreto-ley pase por el trámite del Parlamento de Cataluña.

El argumento central de la impugnación se basa en que la medida del Govern no puede aprobarse por decreto-ley sino por una ley ya que no es algo que sea urgente y extraordinario, tal y como señalan el artículo 86 de la Constitución y el 64.1 del Estatuto de Autonomía. En este sentido, el PSC cree que la decisión de crear un fondo con 10 millones de euros para avalar las fianzas judiciales que afectan a los funcionarios de la Generalitat y sus altos cargos no es de extraordinaria y urgente necesidad.

Este asunto principal se une a que en la exposición de motivos del decreto-ley se cita el caso concreto del TdC que afecta a 34 ex miembros y exaltos cargos del Govern a los que se les reclama 5,4 millones de euros como fianza por la presunta acción exterior ilegal del 'procés'. Es decir, estaríamos ante una norma creada para unas personas concretas, bajo la apariencia de una norma de carácter general. Por todo ello, el PSC ha solicitado la opinión del CGE.