Botellón con lazo amarillo

En cualquier democracia mínimamente consolidada, sería insólito que un órgano constitucional como su Tribunal de Cuentas, como máxima institución fiscalizadora del Estado, tuviera que reivindicar su autonomía recordando algo tan evidente como que su función está regulada en una Carta Magna, y que su mandato es proteger el buen uso de los fondos públicos. O que sus miembros son independientes e inamovibles. Sin embargo, en España ocurre. Y ocurre porque es inédita la campaña de acoso y derribo iniciada por el Gobierno para desprestigiar y deslegitimar a esas instituciones creadas por el Estado, precisamente para defenderlo de quien las agrede. En España sucede lo contrario porque el concepto que tiene Pedro Sánchez de la democracia y de la separación de... Ver Más