Más de 2.000 familias presentan recursos contra la imposición del valenciano en las aulas por la Generalitat
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Estos profesionales se han declarado «sorprendidos ante la multitudinaria respuesta» social por esta nueva norma, «pese a las muchas dificultades y la campaña de desinformación desarrollada por Conselleria». Esta cifra aglutina los recursos tramitados por los servicios del despacho Chapapría-Navarro & Asociados.
«Como se recordará, los responsables políticos de la Conselleria han desoído el clamor del pueblo valenciano contra una ley que arrebata a sus hijos el derecho a estudiar en su lengua materna», han recordado desde la plataforma. «De nada han servido la oposición unánime de las asociaciones de padres y madres, de nada han servido las masivas manifestaciones que durante dos años se han desarrollado en diversos rincones de la Comunidad», han añadido.
De igual manera, no ha surtido efecto la oposición firme de los Consejos Escolares que han rechazado la medida política que «empobrece la calidad de la educación para más del 60% de los niños valencianos», según estos docentes, que aprecian «un interés político del nacionalismo, al que se le ha entregado el destino de nuestros hijos, está muy por encima de cualquier consideración didáctica, social y de derecho de los ciudadanos».
En este contexto y «ante la voluntad de los dirigentes de Conselleria de acabar con las libertades», varias asociaciones en defensa del derecho de los estudiantes, entre la que se encuentra la Plataforma AMPAS Vega Baja y la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, han animado a las familias a presentar recursos administrativos contra la aprobación de los respectivos proyectos lingüísticos en cada centro de Secundaria.
Se trata de una «movilización administrativa que no tiene precedentes» en la Comunidad Valenciana y durante la fase final de remisión de los recursos, se llegó a enviar un recurso cada seis minutos, día y noche, durante los cinco días más intensos de esta fase de la tramitación, relatan las mismas fuentes.
Respuesta en tres meses
Ahora, los responsables de Conselleria disponen de tres meses para dar respuesta a la documentación remitida. A la que habrá que sumar los recursos presentados por otras asociaciones y en otras comarcas de la Comunidad Valenciana.
Desde la Plataforma de Docentes se muestran conscientes de que no es más que el «necesario primer paso», aunque están satisfechos de la respuesta. «De la conocida cerrazón al diálogo de los nacionalistas, a los que a día de hoy está entregada la educación de nuestros hijos, no cabe esperar ni el respeto a los derechos humanos ni a las leyes vigentes en nuestra nación. Por lo que seguramente Conselleria volverá a torcer la ley en su provecho y abocará a recurrir a los tribunales que ya han propinado repetidos varapalos judiciales al conseller Marzà», han augurado.
Finalmente, recuerdan a los padres de municipios de predominio castellano que, si no solicitan la exención del uso del valenciano, perderán cualquier posibilidad de reclamación y, en la práctica, estarán «aceptando la imposición del valenciano como lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos». Por ello, la Plataforma les anima a solicitar masivamente este año la exención, de cuyo procedimiento informará a través de su página web.