El ex viceconsejero de Innovación no conoció la 31L hasta su imputación

Casi un año (10 meses) como viceconsejero no dan para conocer las ayudas sociolaborales cuya legalidad se dirime en la Audiencia. El ex viceconsejero de Innovación entre 2004 y 2005 Gonzalo Suárez reconoció que hasta su imputación en el «caso ERE», que fue archivada, desconocía las ayudas que concedía la Consejería de Empleo y pagaba IDEA, ente del que además era vicepresidente. «Conocí el programa 31L después de la imputación», señaló.

Suárez también señaló que «se comentó el desfase presupuestario» en IDEA con la Consejería de Empleo «pero sin ver de dónde venía» y entendió que «era parte de la normalidad, que era parte del pasado». El ex alto cargo declaró que «nunca recibió un informe de control financiero». Suárez especificó que el ex consejero Vallejo le ofreció el cargo y tuvo que dimitir por motivos personales, al residir en Granada. Con el paso de IDEA a Innovación,

Pese a ello, IDEA siguió pagando ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo con fondos que le enviaba mediante transferencias de financiación, según la Fiscalía para eludir la fiscalización previa de las ayudas. La Intervención que realizaba el Control Financiero Permanente en IDEA, una fiscalización a posteriori, advirtió en varios informes de que era «inadecuado» usar transferencias de financiación. Gonzalo Suárez declaró que ninguno de esos informes le llegó. El primero, del ejercicio de 2003, se terminó a final de 2005. Suárez dimitió en marzo. Tampoco conoció la reclamación de la Intervención General a la Dirección General de Trabajo de una veintena de expedientes de concesión de ayudas para un informe adicional que señalaba que las subvenciones se daban «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» y que también llegó a finales de 2005.

Por su parte, el ex director de IDEA de 2009 a 2014 Antonio Valverde, segundo compareciente en la estrenada sesión vespertina de los lunes, subrayó que IDEA como «ente instrumental de la Junta» está obligado a aceptar las tareas que le imponga su Consejería, en este caso, el pago de las ayudas sociolaborales. Tanto Suárez como Valverde llegaron a ser procesados en esta causa pero la Audiencia estimó sus recursos y decretó el sobreseimiento. «La Agencia sabía las órdenes que había recibido» y «el dinero que había pagado». Asimismo, también señaló que IDEA «requirió información de dónde iba el pago» y «daba por buena la justificación que llegaba». Valverde señaló que «hubo ciertos errores en algunas resoluciones, donde se indicaba que se pagaría con fondos de Innovación pero era materialmente imposible». El «gasto excesivo de las mediadores», «se comentó» porque «estaba saliendo en las investigaciones». Valverde dijo que «nunca recibió ninguna advertencia de ilegalidad».