Los Departamentos de Justicia y Salud de la Generalitat han acordado implementar un nuevo plan de choque contra los suicidios en las prisiones catalanas , tras la muerte de un interno de Lledoners (Barcelona) este jueves. En lo que va de año, son ya diez los reclusos fallecidos por la misma causa. Por ello, tras una reunión de urgencia esta mañana, ambas consejerías han acordado revisar los protocolos vigentes y preparar un plan de choque para tratar de prevenir conductas autolíticas en los penales del territorio. Para ello, según han informado a través de un comunicado, se creará un grupo de trabajo, integrado por directivos y personal técnico de ambos departamentos, así como por profesionales especializados en el ámbito de la salud mental. En el plazo de quince días, sus integrantes tendrán que acordar medidas concretas de mejora de la prevención de los suicidios. Desde mejorar la «conectividad» de la información recogida por todos los operadores -tanto en detección del riesgo, como para el posterior abordaje-; así como para el seguimiento de aquellos presos que lo necesiten. Fue ayer cuando un recluso que estaba en asilamiento (departamento especial de régimen cerrado) se quitó la vida, colgándose, según apuntan fuentes penitenciarias a este diario. A pesar de que a todos ellos se les retiran objetos potencialmente peligrosos, siguen contando con sábanas o prendas de ropa. Los funcionarios lo encontraron ya muerto, y no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Según un informe del Consejo de Europa, la tasa de suicidios en las prisiones catalanas dobla a la media española y también a la europea, con datos de 2022. Así, en Cataluña , la tasa de suicidios era entonces de 16,8 por cada 10.000 internos, mientras que la media europea era de 7,1 y en el resto de España, de 7,3. Durante 2022, se registraron 13 suicidios en las cárceles catalanas. Dos más que el año anterior, y también que en 2020. En 2019, fueron siete los internos que se quitaron la vida en prisiones del territorio. En lo que va de año, son ya nueve. Tras lo ocurrido en Lledoners, desde el sindicato Iac-Catac apuntan que los funcionarios son los primeros afectados, al no haber podido evitar la muerte de un interno, aunque sostienen que, en ocasiones, no es posible. Señalan además, que el citado incremento de hace dos años, obedeció a un «efecto post-pandemia» y que «fue un error haber bajado la guardia en la prevención». En un comunicado, desde la asociación de funcionarios han asegurado que achacar cualquier incidente a problemas psicopatológicos es un error. «A nuestro entender, las otras variables que explicarían el riesgo de suicidio en las prisiones no son sólo la desesperanza, sino que esta actúa de forma más incisiva por la situación de aislamiento social de los reclusos». Explican además que el protocolo actual de Justicia para la prevención es «excesivamente burocrático». Cuentan incluso con un manual para detectar signos de alarma, pero constatan que es «imposible que ningún interno no acumule hasta una decena de ellos sin que ninguno sea un claro indicador» y que, por tanto, «no saben muy bien qué deben detectar» para evitarlo. Entre las propuestas de los trabajadores de la prisiones están la de reforzar el personal , así como el programa de salud mental. Respecto a la situación en el penal de Lledoners , desde otro sindicato, CSIF, denuncian el alarmante número de incidentes registrados . Con datos de la propia administración, recogen cinco tentativas de suicidio entre enero y julio de este año. También ocho agresiones graves, y mismo número de leves; así como 16 incendios, más del doble que los registrados durante el mismo periodo de 2023.
