La ley Celaá y la república plurinacional
La futura ley de educación que impulsa el gobierno del PSOE y UP, la LOMLOE o ley Celaá, ha contado en el Congreso con el apoyo de los partidos nacionalistas ERC y PNV, además de Más País, Compromís y Nueva Canarias. Los cambios que pretende introducir dicha ley han provocado las protestas de muchos expertos en educación y de muchas entidades educativas que han publicado artículos y han elaborado manifiestos explicando que dichos cambios constituyen un ataque a la libertad de los padres que desean escoger un centro concertado, disminuye los fundamentos legales en los que apoyarse, para defender el derecho de los alumnos hispanohablantes a utilizar el español o castellano como lengua vehicular de la enseñanza y perjudican a los alumnos que necesitan una enseñanza especial.
Todas estas personas y entidades confían en que explicando mejor estos problemas, podrán convencer a dichos partidos para que recapaciten y rectifiquen. No se han dado cuenta de que lo que estos partidos quieren es utilizar la enseñanza para conseguir un objetivo político muy concreto que es acabar con el modelo de la España de las Autonomías y pasar a una nueva estructura de Estado, consistente en una confederación de republicas, la llamada “república plurinacional”.
La utilización de la enseñanza para introducir en las mentes de los niños y de los adolescentes las ideas políticas del gobierno, es una estrategia muy eficaz para cambiar una sociedad, como ya se demostró en Cataluña con el llamado “Programa 2000” de Jordi Pujol y que ahora se está aplicando, a toda prisa, en la Comunidad de las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de poder construir una futura unidad política llamada “Països catalans”. Paradójicamente, para los ciudadanos de estas dos comunidades, este cambio solo les comportará pasar de depender del centralismo de Madrid a depender del centralismo de Barcelona. El PSOE y UP han aprendido del “Programa 2000” que para que un cambio de estructura de Estado perdure, no es suficiente ganar unas votaciones en el Congreso, sino que antes es necesario cambiar las mentalidades de los ciudadanos, sobre todo las de los niños.
La ley Celaá explicada bajo la perspectiva de la república plurinacional
Todos los cambios establecidos por la ley de la ministra Celaá son entendibles si se acepta que su principal objetivo es conseguir que los alumnos conozcan y asuman los planteamientos ideológicos del Gobierno sobre cómo ha de ser la sociedad, qué valores éticos son los correctos y por qué el mejor modelo para España es el de ser una confederación de repúblicas.
El principal perjuicio que comporta la ley Celaá y al cual todavía nadie ha hecho referencia, ni los consejeros de educación autonómicos, ni los representantes de la concertada, ni las AMPAs, ni los sindicatos de profesores, porque les comporta una exigencia que tienen miedo de asumir, es la desaparición de las pruebas externas al final de la ESO, que ya están en la ley actual, la LOMCE. Se trata de unas pruebas que sería necesario superar para conseguir el título de la ESO, que realizaría directamente el Ministerio de Educación a través de la Alta Inspección, que serían las mismas en toda España en cuanto a las materias comunes, que permitirían saber si los alumnos realmente han llegado a los niveles establecidos en todas las materias, qué nivel de español realmente tienen, qué conocimientos sobre la historia de España han recibido y si han sido adoctrinados con ideologías políticas incompatibles con la Constitución Española. Estas pruebas fueron congeladas por el propio PP, concretamente por el ministro Íñigo Méndez Vigo, ante las protestas de los alumnos y de los sindicatos. Estas pruebas son indispensables para mejorar nuestro sistema educativo, para evitar la exclusión del español y para evitar el adoctrinamiento en el independentismo, por todo ello, es lógico que hayan sido suprimidas en la ley Celaá que lo que pretende es justo lo contrario.
Otro de los objetivos de la ley Celaá es acabar con la enseñanza concertada. El motivo es porque los centros concertados tienen un ideario propio y, por lo tanto, pueden poner resistencia a que la idea del Gobierno sobre la futura estructura del estado llegue a sus alumnos. El objetivo del Gobierno es que toda la enseñanza, desde la Infantil a la Universitaria sea pública, para así poder controlar los contenidos de todo el sector. También esa es la razón por la que se oponen a que la asignatura de religión tenga la misma categoría que las demás asignaturas, incluso aunque se impartiera como cultura religiosa, comparando las principales religiones, ya que esto implicaría que los alumnos conocerían otros valores éticos diferentes a los del Gobierno, que defiende el derecho al aborto y a la eutanasia, la ideología de género, la violencia contra la mujer por parte del hombre por el hecho de ser hombre, etc.
Otro objetivo de la ley Celaá es acabar con la educación especial. Esto también tiene su explicación y es que se trata de una enseñanza cara y que el 59% de los centros de educación especial son concertados. El Gobierno no quiere pagar centros caros ni quiere financiar una red concertada, que aún siendo más barata, puede ser igual o mejor que la pública.
En su modelo, el de la escuela inclusiva, si las necesidades del alumno son muchas, al principio pondrán un profesor contratado de apoyo al lado de cada alumno, lo cual es carísimo, pero en cuanto haya la primera crisis económica, suprimirán a estos profesores, como ya hicieron cuando impusieron la ESO y enviaron profesorado de apoyo para el tratamiento de la diversidad en el aula, que cuando llegó la crisis esos profesores pasaron a dar clases normales.
Pero el gran problema es que muchos de estos alumnos sufren innecesariamente, al comprobar que tienen muchas más dificultades que sus compañeros, cosa que no pasa en los centros de educación especial; que no aprenden lo necesario porque van mucho más lentos, que según el tipo de trastorno, por ejemplo en caso de alumnos violentos, el resto del alumnado no puede aprovechar las clases; que se somete al profesorado a un enorme estrés que le supera y que, si finalmente se acaban desmantelando los centros de educación especial, después será carísimo volverlos a crear.
Que el español o castellano haya perdido la categoría de ser lengua vehicular en todo el Estado también se entiende perfectamente, porque para conseguir que España dé lugar a una serie de naciones independientes es muy importante que los alumnos dejen de utilizar el español o castellano, que es la lengua común, y que solo utilicen la lengua regional cooficial, sea el catalán, el gallego o el vasco, ya que así se consigue que no compartan una lengua común. El proceso está ya muy avanzado, por ejemplo, ni en las Baleares ni en la Comunidad Valenciana es ya posible escolarizar a un niño en español. Por otro lado, como la enseñanza obligatoria finaliza a los 16 años y a los 18 años ya se puede votar, el cambio de mentalidad en las nuevas generaciones se notará en pocos años. En el País Vasco y en Navarra está pasando lo mismo, es decir se está imponiendo el vasco y excluyendo el español como lengua vehicular de la enseñanza, por lo que se facilita que los ciudadanos navarros pasen a depender del País Vasco. Y no se ha de descartar que ya se esté trabajando en hacer de Galicia una nación independiente, ya que también se está disminuyendo drásticamente las horas que se imparten en español.
Otros aspectos como autorizar que no sea obligatorio cursar las asignaturas establecidas, que sus contenidos puedan ser diferentes, que se pueda aprobar la ESO con muchas asignaturas pendientes, que el Bachillerato se pueda aprobar con una asignatura pendiente y que las Comunidades Autónomas puedan nombrar a sus inspectores sin que éstos tengan que ganar una oposición, lo cual permite controlar los centros a gusto del gobierno autonómico, también se entienden porque el objetivo de todos ellos es conseguir que cada vez sea más diferente lo que se enseña en cada una de las Comunidades Autónomas.
La república plurinacional
El objetivo del gobierno del PSOE y UP es crear una confederación de repúblicas nacionales socialistas. Esto podría parecerle bien a una parte de los ciudadanos, pero hay que tener en cuenta que lo que desean los gobiernos de algunas comunidades autónomas no es seguir compartiendo su futuro con el resto de las regiones de España, sino ser una nación completamente independiente. Por lo tanto, lo que primero se originaría sería una serie de pequeñas repúblicas, más o menos enfrentadas entre sí, algo parecido a lo que hoy son Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia, las seis repúblicas resultantes de la extinta Yugoslavia. Pasados los años podría haber, o no, una aproximación, pero no para constituir una federación, es decir para compartir una misma constitución, un mismo gobierno central y un mismo poder judicial, como desea el Gobierno de PSOE y UP, sino una confederación, es decir un simple acuerdo entre estados soberanos y solo para determinados temas. Un triste final para una nación como la española, con siete siglos de existencia.
Pero el principal problema no radica en la viabilidad o no de este modelo de estado, sino en las características internas de cada una de esas nuevas repúblicas, que en las bilingües serían tener una sola lengua oficial, sea el catalán, el vasco o el gallego, mientras que el español sería considerado la lengua de los que se opusieron al nuevo Estado, es decir la lengua a desterrar; tener una sola cultura, la de los vencedores, mientras que las culturas compartidas con otras regiones de España serían consideradas impropias y, por ello, peligrosas para el mantenimiento de la identidad del país; y tener un solo pensamiento político correcto, el de ser una república independiente.
De producirse este cambio, los ciudadanos pasaríamos de vivir en un país grande, el cuarto de Europa y, por lo tanto, con mucho peso en las decisiones de la Unión Europea, y de tener cinco lenguas y una gran diversidad de culturas y de planteamientos políticos, a vivir en un país muy pequeño, de pensamiento único y sin peso en la Unión Europea. Por otro lado, al ser cada uno de ellos países muy pequeños, en el momento de acceder a un trabajo, de ganar una concurso de obras, de recibir un premio o una concesión, etc., influirían, mucho más que ahora, las amistades, las recomendaciones o la simple afinidad ideológica. Los únicos que saldrían claramente beneficiados serían los políticos que promovieron ese cambio y sus amigos, que pasarían a ser jefes de estado, ministros, secretarios generales, etc.
Como evitar los perjuicios de la ley Celaá
La ley Celaá no será considerada anticonstitucional por el TC, porque en ella no se dice que esté prohibido utilizar el español, sino todo lo contrario, se asegura que “… de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido” y aunque todo el mundo sabe que en determinadas Comunidades esto no se va a cumplir, el TC interpretará que esto ya es suficiente para considerarla una ley plenamente constitucional. Tampoco la detendrá la UE porque, como siempre, dirá que esto es problema interno de nuestro país. El contrapeso de los que no la quieran, lo han de hacer los gobiernos autonómicos y una sociedad movilizada.
Hay que tener en cuenta que las cinco comunidades gobernadas por el PP, algunas con el concurso de Ciudadanos y algunas con el respaldo de VOX, que son Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia, suman el 47,3% del total del alumnado. Estos partidos comparten los siguientes criterios y, además, tienen competencias para hacerlos cumplir: 1º. Se han de mantener los conciertos y se ha de mantener el distrito único, para que todas las familias puedan elegir cualquier centro aunque esté en otro barrio. 2º. Los padres tienen derecho a ejercer su autorización expresa respecto a la participación de sus hijos en actividades complementarias, si éstas atentan a la Constitución Española y a sus creencias. Ejercer estas competencias no es incumplir la ley Celaá, sino aplicarlas de la forma que ellos consideran más adecuado.
Y falta una cosa fundamental, establecer una prueba externa al final de la ESO para valorar como va cada alumno en cada una de las materias. Debería ser la misma en las cinco comunidades y su resultado debería influir en las calificaciones finales de cada alumno. Esta prueba no es necesaria según la ley Celaá, pero la ley no prohíbe hacerla, por lo que las Comunidades la pueden hacer. Esta prueba permitiría saber el nivel de los alumnos en todas las materias y serviría de estímulo al alumno y al profesorado. La mejora de estas Comunidades en las próximas pruebas PISA sería espectacular.
Combatir la ley Celaá es hoy imprescindible para los que no quieran que sus hijos y nietos pasen a vivir en una pequeña república comunista. Lo que ha pasado en Venezuela es un ejemplo de que un país puede pasar de la democracia al comunismo con mucha facilidad. Para evitarlo la única vía es la movilización ciudadana en contra de la ley Celaá y, sobre todo, solo votar a partidos que quieran mantener las libertades que hoy tenemos en España.
Antonio Jimeno es presidente del sindicato de profesores AMES