Un programa para impugnar todo el legado de Mariano Rajoy

Una reunión la noche del pasado domingo en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sirvió para cerrar el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que será la hoja de ruta del próximo Gobierno de coalición, el primero con esta fórmula en España. Una reunión que sirvió para limar los últimos puntos del documento de 50 folios que tiene como objetivo la impugnación del proyecto político y económico de los años de Gobierno del Partido Popular. Fuentes de la negociación apuntan a que fue un encuentro prolongado. El grueso del documento ha sido trabajado por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y Pablo Echenique por parte de Unidas Podemos. Pero en la última reunión fueron los líderes quienes tomaron las riendas, asistidos por Ione Belarra, portavoz adjunta de UP en el Congreso, y por Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno y figura ascendente en el universo socialista. El acuerdo final se daba por hecho desde que ambas partes decidieron explorar este camino tras el fracaso de ambos del 10 de noviembre. Faltaba encajar las cesiones que uno y otro han tenido que realizar. Podemos, por ejemplo, tiene que contentarse con una subida del IRPF menor a sus pretensiones, a partir de los 130.000 euros anuales, y el PSOE tiene que acceder a lo que de facto supone una derogación de la última reforma laboral realizada por el PP en 2012. El documento no incluye las coletillas habituales del PSOE referidas a que se derogarían los «aspectos más lesivos de la reforma laboral», aunque plantea una serie de cambios que ponen de manifiesto que algunos aspectos se mantendrán. Pero, al final, fuentes de ambas partes aceptan que supondrá de facto una nueva norma laboral. En materia de alquileres se creará un mecanismo para frenar las subidas «abusivas» del alquiler. Consistiría en que los ayuntamientos o comunidades autónomas que lo consideren «puedan regular las subidas abusivas en las zonas previamente declaradas tensionadas». Aunque será un camino lento y que tendrá que pilotar un ministerio que no dirigirá Unidas Podemos. El ánimo de dar la vuelta al Gobierno de Rajoy lo dejó claro Pablo Iglesias, en un acto sin preguntas de la prensa, cuando se refirió a un programa para superar «la década perdida». En este sentido, el documento prevé otras derogaciones. «Derogaremos la Ley Mordaza mediante una nueva Ley que garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica», reza el texto. Carrera judicial También se dedica un apartado a una «Justicia eficaz». Así, se pretenden establecer mecanismos en la carrera judicial para que se «garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes». Se trata de una medida que puede alterar el actual modelo opositor. Además, «sustituiremos el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción». La justicia universal también se potenciará con la modificación de dos leyes relativas al Poder Judicial. También se pretende derogar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, mediante una nueva normativa que otorgará a los municipios «la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos». En el ámbito educativo también se prevé la derogación de la LOMCE mediante una Ley Básica de Educación. En esta materia también hay otras medidas como la universalización del 0 a 3 años y el aumento de las becas universitarias a niveles previos a la crisis. Se incorpora también este punto: «Se potenciará la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Y eso en paralelo a un cerco definitivo sobre la enseñanza de la religión. Esta asignatura «será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos». El programa recupera la idea de la la eliminación progresiva de los copagos sanitarios introducidos en 2012. En lo relativo a la política territorial el discurso es nítido: abordar «el conflicto político catalán» mediante el «diálogo» e impulsando «la vía política». Se creará un Comité de expertos que asistirá y dará soporte al Gobierno en la mejora y clarificación de la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades.