Los fiscales del «procés»: «El traje de la sedición no se ajusta, es de otra talla»

Sin posibilidad de recurrir lo que ya es una decisión firme, los fiscales del «procés» no ocultan su malestar, cuando no indignación, por la condena a los líderes independentistas por sedición y no por rebelión. Aunque la fiscal general del Estado, María José Segarra, cerró filas con la sentencia del Supremo en una breve comparecencia en la que resaltó la fortaleza del Estado de Derecho y el normal funcionamiento de la justicia, los fiscales consideran que las pruebas que se pusieron sobre la mesa durante los cuatro meses de juicio conducían inexorablemente a una condena por rebelión. Se muestran así decepcionados con la argumentación jurídica de los magistrados del Supremo, que en la búsqueda de una unanimidad que se ha querido alcanzar «a toda costa», parecen haber inclinado la balanza hacia un camino menos acorde con lo que toda España pudo ver en directo: un ataque organizado al orden constitucional en el que había una hoja de ruta, un reparto de roles y la asunción de la violencia como un instrumento necesario para alcanzar sus fines: la independencia de Cataluña.

Los fiscales aprecian una argumentación «frágil» en su propia calificación jurídica. «El traje de la sedición no se ajusta, es de otra talla», dicen.

Los representantes del Ministerio Público se muestran críticos con el tribunal. Ven argumentos contradictorios y unos hechos probados que, si bien son coincidentes en lo sustancial con los expuestos por la Fiscalía -de quien hace dos años partió la querella del hoy fallecido fiscal general José Manuel Maza, magistrado en excedencia de esta misma Sala Segunda del Supremo-, no son «coherentes» con las conclusiones a las que llegan.

El Alto Tribunal considera que los líderes del plan secesionista ilegal engañaron a sus votantes prometiéndoles una «quimera» que nunca tendrán capacidad de construir fuera de los cauces de la democracia, con el nivel de violencia que emplearon. El plan de los líderes del «procés», concluyeron los siete magistrados, fue una «ensoñación», inviable frente a la fortaleza del Estado de Derecho.

El discurso del Rey

A juicio de la Fiscalía, la Sala ha minimizado la importancia de lo sucedido durante el otoño de 2017, un ataque a la Constitución que obligó al Rey a pronunciar el discurso del 3 de octubre y al Gobierno a hacer uso de un mecanismo nunca antes utilizado en democracia: el artículo 155 de la Carta Magna.

Ni una referencia a esa obligada intervención de Felipe VI en los hechos probados de la sentencia. «Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado», sostuvo el Rey esa jornada.

Pocas alusiones hay también a quienes dirigían entonces el país y comparecieron como testigos en el juicio, en especial a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, la única persona que tenía en su mano la posibilidad de pulsar el botón rojo del 155, que supuso el cese de los miembros del «Govern» y la convocatoria de nuevas elecciones.

Cuatro criterios tuvo en cuenta el Ejecutivo para tomar esa decisión, según declaró el propio Rajoy en el juicio: el respeto a la soberanía nacional, el cumplimiento de la ley, una prudencia que les llevó a buscar el apoyo de todos los partidos y la oportunidad que dio a los dirigentes soberanistas de rectificar.

En las seis reuniones que mantuvo con representates de la Generalitat dentro del marco político, censuró que en el tramo final del «procés» solo plantearan una cosa de la que hablar: la supuesta consulta. «Ellos iban a hacer el referéndum sí o sí». Y así fue. La pregunta del 1-O fue clara: «¿Quiere que Cataluña sea una república independiente?».

A propósito del 1-O, los magistrados no han tenido en cuenta los testimonios de los policías de a pie que denunciaron la violencia que sufrieron en el referéndum ilegal, un acoso que ya venían padeciendo desde semanas antes los agentes que se habían desplegado en Cataluña. Tampoco los de los votantes independentistas que acudieron a los centros de votación. Los jueces alegan que el testimonio de todos ellos se «debilita» por su «memoria selectiva», fruto de una experiencia con «una profunda carga emocional».

Los fiscales no comprenden que la sentencia asegure que la violencia era para negociar una independencia pactada. Para los representantes del Ministerio Público, esa violencia buscaba conseguir la independencia sí o sí, es decir, con las condiciones que ellos imponían. La negociación no era para un acuerdo civilizado sino para imponer la única opción que ponían sobre la mesa: una independencia unilateral.

Hubo violencia estructural

Como elemento objetivo del tipo de la rebelión el Supremo argumenta que la violencia no fue suficiente para encuadrar los hechos en ese delito. Y ello porque la violencia, apunta, no fue estructural, «instrumental, funcional, preordenada, sin pasos intermedios para cumplir los fines de una rebelión». La violencia se produjo, según han concluido en la sentencia, en episodios puntuales. Una nueva grieta para la Fiscalía, pues desde su punto de vista involucrar a los Jordis (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, responsables de la ANC y Òmnium Cultural, respectivamente) en el concierto del «procés» supone afirmar que la violencia era parte del plan secesionista y, por tanto, estructural. Eso, porque ellos dirigían las movilizaciones callejeras que empezaron dos años atrás y que dieron lugar a los tumultos que el tribunal considera aislados episodios de violencia.

Especialmente «vergonzoso» es para la Fiscalía el hecho de que el tribunal no haya aceptado su petición para impedir que los condenados accedan al tercer grado antes de cumplir la mitad de la condena. Recuerdan los fiscales de sala que se trata de una medida prevista en el artículo 36.2 del Código Penal que incluso se pide en delitos de menor gravedad. Sin esa medida la Generalitat va a poder uso del Reglamento Penitenciario para intentar excarcelarlos cuando quiera.