La Fiscalía pide 4 años de prisión para la exalcaldesa de Quijorna por «colar» a un aspirante a policía

Bien es sabido que las oposiciones son duras, más aún cuando no se compite en igualdad de condiciones. Precisamente lo que ocurrió en 2009 en el ayuntamiento de Móstoles. Por eso, la Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años y seis meses de prisión para la exalcaldesa del consistorio, Mercedes García Rodríguez, así como para el exconcejal de Seguridad, José Luis Pérez Maroto, por «colar» a un aspirante que optaba a una plaza de policía local. A ambos se les acusa de los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial, por «interferir» en el proceso selectivo y «favorecer» a uno de los candidatos. Mientras ocupaba el cargo de alcaldesa —entre agosto de 2009 y enero de 2010—, García Rodríguez aprobó las bases para la convocatoria de seis plazas en la categoría de policía local. Pero el listado final con los diez candidatos no coincidía con el documento provisional elaborado por el Tribunal calificador. Según la Fiscalía, el documento fue redactado por el el concejal de seguridad —que tuvo acceso a las calificaciones originales—, «con pleno conocimiento y conformidad» de la alcaldesa. Este cambalache fue posible gracias a la intervención de José Luis Cordón, director de proyectos de la empresa contratada por el Ayuntamiento para realizar las pruebas de selección (Alcalá Turismo y Ocio S.L.), a quien la Fiscalía le imputa un delito de falsedad documental y pide para él dos años y once meses de prisión. Una llamada especial Y es que, una vez se desarrollaron las pruebas, en septiembre de 2009, Cordón llamó por teléfono al presidente del Tribunal calificador y «le instó a adoptar las medidas necesarias para que el candidato superara la oposición», ya que tanto el concejal de seguridad del Ayuntamiento como la alcaldesa «tenían un interés especial en ello», expresa el auto redactado por la Fiscalía en diciembre de 2017. Así, cuando, una semana más tarde, se publicaron las listas, la puntuación del candidato «especial» era mayor que la obtenida en el listado provisional del Tribunal, con lo que ascendió a la sexta posición, dejando fuera a otro opositor. En definitiva, «un documento manuscrito que contiene dos listados de notas diferentes y que, realidad, no fue realizado por el Tribunal calificador», expone la Fiscalía. Además, también se detectaron irregularidades en el reconocimiento de los aspirantes. Mediante un decreto de 13 de enero de 2013, el funcionario en prácticas que había obtenido la tercera plaza quedaba excluido por no alcanzar la altura mínima exigida. Así que la persona que había recomendado la alcaldesa escalaba de nuevo al quinto lugar de la lista. Finalmente, este último decreto fue declarado nulo en sentencia de 22 de marzo de 2011. Los tres acusados se enfrentarán así al juicio, que comienza el próximo jueves, 10 de octubre, en la Audiencia Provincial de Madrid.