Un club cannábico en un local alquilado por el líder del PP en Barcelona

El presidente del grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, tiene alquilado en la capital catalana un local a una asociación cannábica. Así lo confirmaron este jueves fuentes del partido a ABC tras hacerse pública la información. «Es legal y no hay ninguna queja de los vecinos», argumentó el propio Bou. En concreto, la empresa inmobiliaria Bahía Franco SL, de la que es administrador único Josep Bou –según expuso él mismo en la declaración de bienes que hizo al entrar en el Ayuntamiento como concejal– , tiene alquilado un local comercial a un club cannábico en la avenida de la Virgen de Montserrat en la esquina con el paseo de Maragall, en el barrio de Horta-Guinardó. Las instalaciones disponen de las licencias requeridas por la normativa, según reveló Nació Digital. En declaraciones a diversos medios, Bou subrayó que si tuviese conocimiento de que se estaba cometiendo alguna ilegalidad sería «el primero en tomar medidas», pero que ese no es el caso. Además, ejemplificó que el local no tenía ni sillas y mesas en sus exteriores, por lo que no provocaba molestias. Contrato de 2017 Bou remarca que el contrato remonta a 2017, cuando él no tenia ninguna responsabilidad política, y puso énfasis en que la actividad de sus inquilinos cumple con todos los requisitos legales y «no supone ningún problema para los vecinos». Él mismo visitó el local una vez para ver si el local estaba correctamente adecuado, aunque hace tiempo, explican fuentes próximas a Bou. Así, el líder popular considera que ahora mismo no es justo tener que echarlos de su local porque los inquilinos tienen un contrato vigente y están cumpliendo con la normativa municipal. En esta misma línea, se plantearía actuar contra ellos si hubiera problemas de convivencia, aunque no tiene constancia de que los haya. El contrato choca especialmente porque, en su día, el PP fue el único partido en votar en contra de la ley catalana que regulaba la actividad de los clubes cannábicos y la recurrieron, con éxito, ante el Tribunal Constitucional. Además, en 2017 votaron en contra de la aprobación del plan especial urbanístico de ámbito municipal para regular las asociaciones cannábicas.