La inversión pública de Aragón sigue por los suelos, pese a la bonanza económica

El esfuerzo inversor del Gobierno aragonés sigue por los suelos. Se hundió con la crisis y, tras cinco años de crecimiento económico, sigue sin remontar. Según los últimos datos contables certificados por el Ministerio de Hacienda, en lo que va de año el Gobierno aragonés solo ha dedicado a inversiones el 2% de todo lo que ha gastado. Y eso que el gasto ha sido abultado. Entre enero y mayo –últimas cuentas publicadas-, el Gobierno aragonés se gastó un total de 2.197,8 millones de euros. Sin embargo, de todo ese gasto solo dedicó a inversiones 48.72 millones. Es decir, un escuálido 2,2% del gasto público total. Y, además, una parte importante de ese esfuerzo inversor ni siquiera lo ejecuta directamente el Gobierno regional, sino que lo encomienda a otras entidades a través de transferencias de capital. En concreto, entre enero y mayo, la inversión directa del Gobierno aragonés ascendió tan solo a 31,15 millones de euros. Otros 17,57 millones los transfirió a otras entidades para que fueran ellas las que los invirtieran en infraestructuras y equipamientos. El problema viene de lejos: las inversiones se han visto sacrificadas para dar prioridad a otros capítulos de gasto. Por ejemplo, el Gobierno aragonés dedica a inversiones cinco veces menos que a pagar la factura de su deuda pública –intereses y amortizaciones-. Y la mitad de lo que consume en gasto corriente, por poner otro ejemplo. El año pasado, el Ejecutivo regional gastó un total de 5.673 millones de euros, ni siquiera 400 fueron para inversiones, frente a los casi 2.200 millones que dedicó a pagar las nóminas de los más de 50.000 empleados públicos que suma la Administración autonómica. El pobre esfuerzo inversor de la Administración autonómica se ha convertido en una debilidad estructural, porque ni siquiera ha remontado tras la recuperación económica. Cada vez es más el dinero que tiene que dedicarse al gasto ordinario de funcionamiento y menos el que queda disponible para acometer inversiones en infraestructuras y equipamientos, tales como carreteras, infraestructuras industriales, hospitales, centros de enseñanza o patrimonio cultural. Ahora, el esfuerzo inversor del Gobierno aragonés es mucho menor que el que se daba en 2010, cuando la crisis ya había empezado a azotar las arcas públicas. Aquel año, el Ejecutivo regional invirtió un total de 892,69 millones de euros. Supuso el 17,5% de todo el gasto público de aquel año, más del doble de lo que dedicó en 2018. Aunque el gasto público ha ido a más, la inversión ha ido a menos y sigue por los suelos.