Investigar el caso BBVA, caiga quien caiga

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer a la Audiencia Nacional la imputación del BBVA como persona jurídica por un delito de cohecho relacionado con la presunta operación de espionaje encargada al excomisario José Manuel Villarejo. Con ocho altos cargos de la entidad financiera ya investigados por el juez Manuel García Castellón, el Ministerio Público da un paso adelante y señala directamente al BBVA como responsable último de una trama cuyo esclarecimiento ha tratado de traspapelar a través de una auditoría interna que, sin resultados, no ha hecho sino acumular sombras de sospecha. Debería ser el propio BBVA el primer interesado en aclarar lo sucedido para tranquilizar a los mercados y a sus propios accionistas, más aún después de que uno de sus directivos, el antiguo jefe de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias, reconociera en la Audiencia Nacional que la empresa de Villarejo estuvo contratada por la entidad financiera. A cambio, el excomisario espiaba a miles de personas para tratar de frenar la ofensiva del Gobierno de Zapatero para que Sacyr se hiciera con el control del BBVA. Trece años de trabajo sucio y unos ingresos que rondan los diez millones de euros aparecen en la hoja de servicios e ingresos de Villarejo, eslabón de una larga cadena de irregularidades -cuando no delitos, como los que investiga la Justicia- que tienen su origen en La Moncloa. El presunto cohecho que cometió la anterior cúpula del BBVA ha de ser investigado por la Audiencia Nacional, caiga quien caiga, pero los responsables políticos del plan para alterar a conveniencia de parte el mapa empresarial español -de Endesa al banco que dirigía FG, pasando por los grupos de comunicación- tienen que dar aún muchas explicaciones sobre una genuina intervención pública, tan subterránea y opaca como las maniobras que el BBVA encargó a Villarejo.