El PP recurre al Constitucional la ley vasca de abusos policiales

El Grupo Popular en el Senado ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la Ley vasca de víctimas de abusos policiales 5/2019 porque «vulnera el principio de Estado de Derecho y del sometimiento de los poderes públicos a la Constitución». Asimismo consideran que va contra el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia; el principio de seguridad jurídica e «invade competencias del Estado». Los populares de la Cámara Alta señalan que «de los casi 900 víctimas asesinadas por ETA, cientos eran Policías o Guardias Civiles». A su juicio, esta Ley «equipara víctimas con verdugos» y supone un «insulto y una infamia» al trabajo de la Policía y la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, además de «una ofensa hacia todas las víctimas». «Las Fuerzas de Seguridad del Estado se dejan la vida para protegernos; tienen la admiración y gratitud de toda la sociedad, y merecen el reconocimiento y el respeto de todas las fuerzas políticas», asegura el portavoz Popular, Ignacio Cosidó. En el texto del recurso, el GPP considera que, tanto la Ley 5/2019, como la que modifica 12/2016, «invaden competencias reservadas por la Constitución al Poder Judicial» y que «la Ley 5/2019 trata de adecuarse, sólo de manera formal, a la sentencia del TC 85/2018 sin respetarla en su contenido material». Cosidó apunta también que la Ley 5/2019, «conserva la creación de la Comisión de Valoración, con idénticas características y funciones y con dos competencias: reconocer derechos económicos a personas que denuncien malos tratos policiales y, un segundo, mucho más disimulado, que es desacreditar a las Fuerzas de Seguridad del Estado por un procedimiento basado en el voluntarismo político, sin el conjunto de garantías jurídicas». Para el portavoz popular la única forma constitucional de determinar la vulneración de derechos humanos, en un contexto de «violencia de motivación política», es a través de «una resolución judicial que reconozca los hechos ilícitos y que no vulnere las garantías constitucionales del derecho a la tutela efectiva y el derecho al honor».