El mayor desarrollo urbanístico de Sevilla, llamado a transformar el noreste de la ciudad bajo el modelo de polos aeronáuticos europeos como Toulouse o Hamburgo, ha chocado con el muro burocrático del Estado. El Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), mantiene bloqueada desde hace casi dos años la aprobación ambiental del proyecto de urbanización de los suelos de Santa Bárbara, donde se ubicará el futuro Distrito Aeroespacial. Este trámite impide el inicio inminente de las obras de las primeras 3.000 de 24.000 viviendas y deja en el aire una infraestructura vital para el crecimiento de estos suelos de la capital: la futura autovía SE-35. El escollo que ha provocado este retraso parte de una denuncia ecologista. Estos colectivos reclaman la protección de la contigua Laguna del Sapo, esgrimiendo que se trata de un humedal natural indispensable para la biodiversidad. Sin embargo, la realidad urbanística que sostiene el Ayuntamiento de Sevilla dibuja un escenario muy distinto. Según el Consistorio, este espacio ni siquiera se encuentra en el Sector 1 de Santa Bárbara -la zona exacta donde la promotora Vía Ágora tiene todo preparado para empezar a levantar los edificios-, sino en el Sector 2. A esto se suma un matiz técnico de fondo: el gobierno local defiende que no se trata de un humedal originario, sino de una suerte de balsa de agua artificial generada por las escorrentías derivadas de antiguos movimientos de tierra en la zona. Pese a ello, en aras de desbloquear el nudo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se comprometió públicamente durante la presentación del proyecto a proteger la lámina de agua e integrarla como territorio de dominio público hidráulico. Una cesión municipal que, hasta la fecha, no ha surtido el más mínimo efecto en la CHG. El mutismo del organismo estatal, que no da respuesta a las continuas reclamaciones de la Administración local ni de la empresa privada, ha fracturado la seguridad jurídica de la operación. El desarrollo de estos terrenos lleva contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desde 2006. Durante los últimos años, el resto de organismos implicados han ido concediendo sus avales técnicos y bendiciones legales. El nivel de avance es tal que ya se ha completado la compleja reparcelación de los suelos y se ha constituido formalmente la junta de compensación. La promotora Vía Ágora, que adquirió los suelos a la Sareb, vive en un escenario de parálisis. Sin el visto bueno de la Confederación Hidrográfica no se puede obtener la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el paso previo ineludible para la concesión de la licencia de obras. El temor es evidente: este embudo administrativo podría espantar nuevamente una inyección de capital fundamental para Sevilla, precisamente en el enclave destinado a albergar el barrio más grande de la capital, que contempla un total de 24.000 viviendas uniendo Santa Bárbara, San Nicolás y parcelas colindantes. La consecuencia del bloqueo estatal no solo penaliza la edificación residencial y del polo empresarial, sino que torpedea una infraestructura vital. La SE-35, la futura carretera promovida por el Ayuntamiento que resulta imprescindible para articular todo el sector noreste y desahogar el tráfico, también está frenada. Esta vía ha sido rediseñada para adaptarse al nuevo 'anillo verde' de Sevilla, dejando atrás la gran autovía de ocho carriles ideada a principios de los 2000. Ahora proyectada como 'SE-Verde', esta arteria de 2,5 kilómetros de longitud cruzará Santa Bárbara hasta la Nacional IV priorizando el transporte público y como antesala de la prometida conexión del aeropuerto de San Pablo con Santa Justa. El Distrito Aeroespacial abarca en su conjunto mil hectáreas y está concebido como un enclave híbrido donde convivan el uso residencial y el productivo. La cercanía con San Pablo busca potenciar la industria aeronáutica, sector en el que Sevilla ya es referente acogiendo a 100 de las 150 empresas nacionales. El barrio de Santa Bárbara es la esencia de este desarrollo. Sus 375 hectáreas, divididas en cinco sectores, concentrarán más de la mitad del volumen inmobiliario total: unas 14.000 viviendas. La intención del Ayuntamiento, rubricada junto a la Junta de Andalucía, pasaba por culminar los trámites para que en el verano de 2026 estuviera todo ordenado y licitado. Un calendario que hoy depende, en exclusiva, de que el Gobierno central libere un trámite atascado desde casi hace 24 meses.
