Desde hace muchos años, el socialismo español quiere reformar las oposiciones a determinados cuerpos del Estado, con una visión táctica, rebajar la dificultad de las pruebas; y con otra estratégica, disminuir la fortaleza institucional de estos cuerpos a través de una vulgarización de su acceso. El ejemplo tradicional ha sido el del acceso a la carrera judicial . El argumento falaz de que las oposiciones basadas en la memorización solo son posibles para opositores de familias con dinero ha estado siendo la coartada para defender sistemas de selección discrecional de los candidatos, con los que se neutraliza la exigencia de un alto conocimiento jurídico y se prescinde del elemento vocacional. A pesar de haber sido anunciada varias, la reforma nunca se ha llevado a cabo y se mantiene el sistema tradicional. Puede que este no sea el mejor de los posibles, pero sus fallos no se convierten en virtudes de un modelo de rebaja de condiciones. En los últimos meses, además, con ocasión de las innumerables causas que afectan a Pedro Sánchez, al Gobierno y al PSOE, diversos sedicentes analistas abogan por una urgente revisión del sistema de acceso a la carrera judicial, para purgarla de tanto juez de derechas. Porque cuando hay muchos casos de corrupción socialista el problema no son los corruptos, sino los jueces que los investigan. El caso de las oposiciones al cuerpo de Inspectores de Hacienda es el que demuestra con mayor actualidad el empeño de los socialistas por rebajar el perfil de acceso a lo que se suelen denominar 'cuerpos de élite'. El propósito del Gobierno, en concreto, del Ministerio dirigido por Óscar López , es eliminar alguna prueba de conocimiento, suprimir temas y reducir el examen oral. Es cierto que los funcionarios de la Administración pública tienen un edad media alta y que la reposición es compleja, pero la alternativa no es hacer fácil lo que, por definición, exige esfuerzo y vocación. La oposición exprés no es la solución. Quizás una mejora de las retribuciones, con criterios de promoción bien definidos, menos intervencionismo político y más frecuencia en las convocatorias, no solo permitiría captar a más y mejores graduados universitarios, sino también fidelizarlos más tiempo en la función pública. En el ideario socialista, la apertura del acceso a estos cuerpos superiores los hará menos 'conservadores', menos peligrosamente independientes, razón por la que alguno se libra de este furor 'democratizador' de la función pública al estar sometido a la jerarquía gubernamental. Esta iniciativa del ministro López es gasolina al fuego en el que se quema la imagen de la Agencia Tributaria, tristemente afectada por casos de corrupción y tratos de favor en su cúpula política y también por la salida de su dirección técnica, hace unos meses, nunca bien explicada. Hay un dato que tampoco se puede ignorar. La Agencia Tributaria está en una disputa permanente con unos u otros contribuyentes, que cuentan con abogados cada vez más especializados, tanto en el ámbito penal como en el estrictamente fiscal. Al mismo tiempo, los tribunales imponen más garantías para el contribuyente en los expedientes de inspección y en los procedimientos por delito fiscal. En estas condiciones parece poco conveniente dotar a la Hacienda Pública de inspectores menos preparados que sus predecesores.
