La convocatoria de elecciones ha dejado de ser el principal desafío de la política española, siendo muy importante, porque el mayor problema es que al frente del Gobierno continua una persona lastrada por numerosos casos de corrupción en el partido, en la administración y en su ámbito particular. Sánchez debería haber dimitido hace tiempo y tras la imputación del principal inspirador de su mandato, Zapatero, deshonra el cargo que ocupa y desprestigia la vida pública. Sánchez llegó a La Moncloa invocando una exigencia moral. La moción de censura de 2018 contra Rajoy se articuló sobre una frase del juez De Prada incluida en la sentencia de la Gürtel que afirmaba que el PP se había convertido en un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional». Aquella formulación no fue un mero razonamiento jurídico. Se convirtió en el detonante que permitió al entonces líder socialista construir un discurso de deslegitimación moral del Gobierno del PP y alcanzar la presidencia. Años antes, en el debate electoral de 2015, el propio Sánchez había dirigido a Rajoy otra frase que quedó grabada en la memoria política española: «Usted no es un hombre decente». Esa fue la vara de medir con la que el hoy presidente exigió responsabilidades a sus adversarios. Y es esa misma vara la que hoy se vuelve inevitablemente contra él. Todo lo que achacó a Rajoy no es nada comparado con las investigaciones de corrupción que afectan a su hermano y a la Diputación de Badajoz, a su esposa y al aparato presidencial de Moncloa, a Ábalos como su primer secretario de Organización, a Cerdán como su segundo secretario de Organización, al exfiscal general del Estado condenado, a los rescates de la SEPI, a dirigentes del PSOE como Leire o Zarrías, a la extorsión a jueces y agentes de la autoridad, a las sospechosas relaciones con Venezuela, y finalmente a todo lo que ha tocado el expresidente Zapatero. Nunca antes y en tan poco tiempo se creó una telaraña de tramas corruptas simultáneas y emparejadas, con la desgraciada coincidencia de una similitud entre los cabecillas de cada red: ninguno tenía una persona interpuesta entre ellos y el presidente del Gobierno, Sánchez era el jefe directo de todos ellos. La acumulación de casos coincidentes y parejos viene a significar que políticamente toda esa corrupción, por recurrente, señala a Pedro Sánchez como responsable último. Nunca nadie manchado con tantas señales de corrupción se había mantenido al frente del Gobierno democrático de manera empecinada, con el apoyo deshonroso, por cierto, de sus socios parlamentarios, a los que les ha venido bien el plan socialista para desmontar, de paso, los resortes que unen y protegen a los españoles. Porque la realidad ya no admite compartimentos estancos. La entrada de la UCO en la sede del PSOE marca un salto cualitativo. Ferraz ha dejado de ser el escenario desde el que el Gobierno se defendía políticamente para convertirse en objeto directo de diligencias judiciales. El auto del juez Santiago Pedraz describe una investigación por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y actuaciones contra las instituciones del Estado. La tesis central ya no puede despacharse como una exageración de la oposición. Todos los caminos políticos conducen a los círculos más cercanos al presidente. La investigación judicial sostiene que determinadas actuaciones tenían como finalidad «desestabilizar» procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. El propio auto recoge reuniones celebradas en Ferraz y atribuye a Santos Cerdán un papel de dirección y coordinación política que alcanza a la SEPI. También menciona presuntos pagos articulados mediante sociedades interpuestas y cargos del partido. Todo ello deberá ser acreditado judicialmente. Pero la responsabilidad política no puede esperar eternamente a una sentencia firme cuando el deterioro institucional es tan evidente. La acumulación de sumarios, imputaciones y diligencias judiciales compromete políticamente al presidente del Gobierno Sánchez insiste en que no convocará elecciones por «interés partidista». La afirmación resulta difícilmente sostenible en quien adelantó las generales de 2023 por puro cálculo político. La apelación actual a la estabilidad no es un ejercicio de responsabilidad institucional, sino una estrategia de supervivencia. En un Estado de derecho, corresponde a los tribunales determinar culpabilidades. Pero la responsabilidad política sí alcanza al presidente que nombró, protegió y sostuvo a quienes hoy aparecen en el centro de las investigaciones. La degradación institucional ya es demasiado profunda . España no puede acostumbrarse a convivir con un Gobierno permanentemente rodeado de diligencias judiciales, autos, registros y sospechas sobre interferencias en investigaciones policiales y judiciales. Sánchez utilizó en 2018 la corrupción como fundamento moral para desalojar al PP del poder. Esa misma exigencia democrática le obliga hoy a asumir que su autoridad política está exhausta y terriblemente contaminada. Cuando toda la corrupción acaba conduciendo al mismo núcleo de poder, el problema deja de ser únicamente judicial. Es, sobre todo, un problema de legitimidad política.
