La agenda penal ha hecho coincidir el comienzo de dos juicios que afectan, por separado, al Partido Popular y al Partido Socialista. Ninguna de estas formaciones se sienta en el banquillo como persona jurídica, lo que quiere decir que ni jueces ni fiscales han visto motivos suficientes para imputarlas por los delitos de quienes sí van a ocupar los banquillos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Sección de lo Penal de la Audiencia Nacional. En esta última comienza el juicio por el llamado caso Kitchen , trama organizada en torno a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, supuestamente para boicotear la investigación judicial sobre el caso Gürtel. Los principales acusados son el exministro Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado Francisco Martínez, el excomisario Villarejo y altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos, Eugenio Pino, quien fuera DAO, todos acusados por la Fiscalía y con peticiones de largas penas de cárcel. Lo que verá la Audiencia Nacional será una narración de tintes novelescos, con intromisiones ilegales en la privacidad de Luis Bárcenas, extesorero del PP y condenado por el caso Gürtel, mediante grabaciones y accesos a ordenadores y móviles sin autorización judicial. En el caso de las mascarillas, la Sala Segunda del Tribunal Supremo juzga a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por integrar un grupo criminal dedicado, básicamente, a lucrarse por los contratos de compra de mascarillas por el Ministerio de Transportes durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 24 años de prisión para Ábalos y Koldo, y de 7 para Víctor de Aldama, con menor número de delitos y con la credencial de haber colaborado con la Justicia. Va a ser un juicio largo, que incluirá las contrataciones de favor a dos 'amigas' de Ábalos en sendas empresas públicas. Serán semanas de fuego cruzado entre PP y PSOE para ver cuál de ellos es más responsable políticamente que el otro en el escándalo que le afecta, con la campaña electoral andaluza como telón de fondo. La independencia judicial y la publicidad de las sesiones son garantías esenciales del desarrollo de estos procesos, y harán que la discordia partidista quede encapsulada en la dimensión que merece. Cada palo ha de aguantar su vela por lo que ha hecho, ha dejado hacer o haber ignorado voluntariamente lo que se hacía, porque lo anómalo no es judicializar la política –que es una manifestación del Estado de derecho–, sino politizar la Justicia, propio de las autocracias. En todo caso, conviene no perder de vista ciertos matices. El ministro Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol , llamados como testigos por el Supremo, se han acogido al privilegio de declarar por escrito, escapando de un interrogatorio cruzado por las acusaciones y las defensas y de las aclaraciones que pudieran solicitarles los magistrados. Rajoy y Cospedal acudirán al juicio del caso Kitchen como testigos porque carecen de cualquier privilegio procesal. Y algo más: será difícil encontrar en la hemeroteca sobre el PP una campaña de agresiones verbales a los jueces tan sostenida y hostil como la que han mantenido el Gobierno, el PSOE y sus socios de izquierda contra aquellos que han osado investigar corrupciones en sus respectivos ámbitos.
