Quisiera llamar la atención sobre una deriva preocupante en la política energética y territorial de la Comunidad de Madrid que merece, cuando menos, un debate público sereno y transparente. Durante años, el discurso institucional ha defendido –con buen criterio– la implantación de la energía solar, fundamentalmente en cubiertas de viviendas, edificios públicos e instalaciones ya antropizadas, como fórmula para avanzar en la transición energética, minimizando el impacto territorial y social. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo a un cambio sustancial de criterio: la proliferación de grandes plantas fotovoltaicas sobre suelo rústico, con afección directa a fincas privadas y explotaciones agrarias. Lo más preocupante no es solo el cambio de modelo, sino el instrumento jurídico que se está utilizando para hacerlo posible. Se están tramitando proyectos promovidos por empresas privadas, con los consiguientes beneficios, al amparo de planes especiales que invocan la utilidad pública y, con ella, la posibilidad de recurrir a la expropiación forzosa. Una herramienta concebida históricamente para infraestructuras esenciales –carreteras, ferrocarriles, presas o servicios públicos básicos– se emplea ahora para facilitar la implantación de instalaciones cuya explotación y beneficio corresponden a sociedades mercantiles privadas. Cabe preguntarse si este uso extensivo de la expropiación respeta el principio de proporcionalidad y el equilibrio entre el interés general y los derechos de los propietarios afectados. La transición energética es, sin duda, un objetivo compartido y necesario, pero no debería convertirse en un paraguas bajo el cual se diluyan garantías básicas del Estado de derecho ni se desplace de forma sistemática el coste del cambio hacia determinados ciudadanos concretos. No se trata de oponerse a las energías renovables, sino de exigir coherencia, planificación y justicia territorial. Apostar por un modelo distribuido, priorizar suelos degradados o cubiertas ya existentes y limitar la expropiación a supuestos verdaderamente imprescindibles no es frenar el progreso, sino hacerlo compatible con la protección de los derechos fundamentales. Quizás haya llegado el momento de abrir un debate público real sobre qué transición energética queremos y, sobre todo, quién está pagando sus costes. Dados los tiempos que corren habría que preguntarse qué políticos están detrás de este negocio. Seguramente para estas cuestiones se asocien ambos colores, y mientras tanto tenemos que asistir a presenciar cómo una propiedad heredada de nuestros antepasados es pasto de la especulación para beneficio y negocio impune, amparado en el lema 'beneficio público'. Luis Tomás Gallego Morales. Madrid La subsecretaria del Ministerio de Cultura ha dictado una resolución para la eliminación de las nóminas del franquismo que me parece muy inoportuna. El mes que viene celebraremos el 60 aniversario de la Ley de la Seguridad Social de 1966, que sentó las bases del sistema de protección social de los españoles, el cual ha ido perfeccionándose hasta hoy. La destrucción documental ordenada por Cultura es inoportuna, puesto que sería bueno que las nuevas generaciones conociesen la evolución de las nóminas de los empleados públicos, desde 1940, en plena dictadura, hasta la Constitución Española de 1978. La eliminación de esas nóminas es destruir parte de la historia de España. José Luis Gardón. Madrid
