La trayectoria de una persona al final de sus días, sobre todo si es pública, debe ser valorada según las reglas de un balance, considerando sus actos positivos y negativos. Nadie, salvo un santo, y no todos, se libra de anotaciones en su debe. Está en la condición humana. Conforme a este principio, la valoración del reinado de Don Juan Carlos debe realizarse considerando ambas columnas del balance. Lo contrario es injusto. El Rey padre ha cometido muchos errores, dejándose llevar por debilidades y pasiones personales que debió rechazar desde la ejemplaridad exigible. No obstante, su vida pública merece una nota sobresaliente. Algo habrá tenido que ver su reinado con la mejor etapa de nuestra historia en términos de libertad y progreso. Con la desclasificación de los papeles del 23-F, la izquierda radical –y no tan radical– y alguna derecha extrema se han frotado las manos esperando no se sabe qué munición para implicarlo en la 'tejerada'. Se ha demostrado lo que ya se sabía, rumores y juicios de intenciones aparte, que no resisten su contraste con los hechos notorios. Si nos atenemos a estos, siempre apostó por la democracia de manera inequívoca, empezando por la Transición, en un entorno plagado de dificultades y salvándola nuevamente frente a un Ejército encrespado. En puridad, todo acto reprochable, ya sea en el orden ético o el legal, merece una sanción según su naturaleza y gravedad, pero la sanción, en todo caso, ha de ser proporcionada a la infracción porque un exceso conduce a una injusticia mayor, próxima a la venganza. Y no cabe duda que Don Juan Carlos ha pagado ya con creces sus errores con la máxima sanción aplicable a un monarca: la abdicación y el exilio, una pena erradicada de nuestras leyes, menos para él. Contrasta la manga ancha aplicada a golpistas y asesinos que pasean por el espacio público alardeando de sus delitos pasados mientras se condena por tiempo indefinido y sin la menor compasión al Rey, un anciano al final de su vida que solo aspira a morir en paz en su tierra. Pero no hay que engañarse. Su condena va más allá de una sanción personal. Se trata de una sanción histórica impulsada por la izquierda populista para descargar sus frustraciones republicanas irredentas, de las que nunca se bajarán, pase lo que pase. Para la derecha ultra es una buena oportunidad para pasar su factura pendiente desde que 'traicionó' su visión unilateral de España. El Rey Emérito debe por tanto volver. Que su residencia deba fijarse en La Zarzuela o en otra dependencia del patrimonio nacional es lo de menos. Lo importante es el final de su exilio de la manera más digna como corresponde a sus altos servicios a la Nación. Rafael Caro. Palma del Río (Córdoba) Me da que el rifirrafe en torno al uso de las bases españolas por parte de EE.UU. procede del encuentro habido entre la ministra Margarita Robles y el nuevo embajador de Washington, Benjamín León. Un encuentro cordial, amistoso, a la altura de los representantes de países aliados con una larga trayectoria de cooperación. En la visita se desprendió la real cooperación entre ambos Estados, lo que tal vez fue interpretado por el embajador estadounidense como retracción española en el uso de Rota y Morón. Yo creo que está muy claro. La amistad y cooperación entre España y Estados Unidos viene de muy atrás. Seguirá además por el mismo sendero, al calor de los valores y principios que unen a los ciudadanos de ambos Estados. No busquemos interpretaciones distintas, que se ajustan más a cainitas intereses partidistas, que a una lógica del encuentro y la cooperación. Enrique L. de Turíso. Vitoria (Álava)
