La decisión del Gobierno de desclasificar documentos oficiales del 23F, coincidiendo con el aniversario del intento de golpe de Estado , es irreprochable desde el punto de vista de la transparencia. Ojalá el Ejecutivo atendiera con la misma diligencia las peticiones sobre los salarios de sus asesores o la documentación de la pandemia. Esto es lo que permite dudar de que la decisión responda únicamente a una obligación con los españoles y no estemos ante otra maniobra de distracción diseñada por el jefe de gabinete de Pedro Sánchez para enmascarar su debilidad parlamentaria y la prórroga reiterada de los Presupuestos de 2023. Incluso los socios de ERC cuestionan las prioridades del presidente del Gobierno y afirman que este es otro conejo que sale de su chistera «para tapar sus problemas de gestión y liderazgo». Nadie como Sánchez ha convertido la sedicente memoria democrática en un recurso táctico, y todo indica que en este caso intenta hacer coincidir la necesidad con la virtud para distraer la atención de otros problemas, más graves, visible y actuales.
