El conselleiro Diego Calvo lo ve claro: ha llegado el momento de rescatar la AP-9. Así lo ha expresado el responsable de Transportes del Gobierno de Alfonso Rueda en la entrevista de los domingos de la Radio Galega. Una determinación que ha basado en las cifras porque, según sus cálculos, el coste del rescate a día de hoy es equiparable al que le supondría a las arcas públicas seguir haciéndose cargo durante los próximos 22 años, hasta que caduque la concesión de la infraestructura, de las bonificaciones de los peajes que se aplican actualmente a los usuarios. «El coste de las bonificaciones existentes a día de hoy y hasta el final del período de concesión de la autopista es similar a lo que costaría rescatarla. Ante esa situación, nosotros creemos que es factible el rescate», ha defendido el titular de Presidencia, Xustiza e Deportes, que entiende que «es el momento de abordar ese rescate» porque «hay motivos y además está justificado económicamente». Calvo ha criticado, a su vez, que el Gobierno central bloquee el traspaso de la AP-9 a Galicia. Una reclamación que en Galicia ha suscitado en varias ocasiones la unanimidad de los grupos del Parlamento, pero que cuando llega al Congreso se encuentra con maniobras dilatorias. El Ejecutivo de Sánchez también optó por dar una patada hacia delante ante el requerimiento de Bruselas que cuestiona la prórroga de la autopista hasta 2048. El Gobierno respondió en el último minuto en contra del dictamen motivado de la Comisión Europea, lo que, todo apunta, derivará en un proceso judicial de años. En los micrófonos de la radio pública, el conselleiro ha cargado contra el Ejecutivo por no informar a la Xunta del contenido de esas alegaciones: «El Gobierno se niega a decirnos qué es lo que le traslado a Bruselas. No entiendo esa postura«, ha reconocido. Sobre la desgraciada actualidad ferroviaria, el titular de Presidencia, Xustiza e Deportes ha advertido que los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), y decisiones posteriores, como la reducción de velocidad en la línea que une Orense con Santiago, han generado «dudas razonables». «Renfe dice que hay problemas de seguridad y a los 10 minutos el Adif saca una nota de prensa diciendo que las infraestructuras están en perfecto estado. Uno empieza a pensar qué está pasando, qué es lo que no están contando, o qué es lo que no se puede saber», ha admitido. Calvo también ha criticado que Renfe no ofreciese alternativas a los pasajeros afectados por la suspensión, hace unos días, de los servicios ferroviarios con origen o destino Vigo por causa de las condiciones meteorológicas: «Este tipo de decisiones, de actuaciones, enfadan a la población y no tienen ningún sentido. Creo que erraron enormemente». Y aún sobre trenes, el conselleiro ha aprovechado para criticar el abandono ferroviario de Lugo y Ferrol y la falta de información sobre el punto en el que se encuentra el desarrollo del Corredor Atlántico. Sobre las conexiones por mar, ha demandado que los puertos de Vigo y Ferrol se consideren nodales y se incluyan en la Red Básica Ampliada transeuropea. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes también se ha referido en la entrevista al traspaso de las competencias de permisos de trabajo a extranjeros que la Xunta negocia con el Gobierno central. «Parece que empezamos a andar», ha celebrado ante la necesidad de «mano de obra especializada, mano de obra que venga ya para trabajar en determinados sectores y, sobre todo, si son gallegos o descendientes de gallegos muchísimo mejor porque la integración es más rápida». A nivel de competencias, queda pendiente, ha recordado, mejorar la «coordinación entre Meteogalicia y la Aemet, porque hay alguna disfunción». Calvo también ha comentado uno de los últimos proyectos en los que trabaja su departamento: la reforma de la Ley de Administración Local de Galicia para actualizar la actual, de 1997. El texto prevé un nuevo sistema de financiación, que tendrá en cuenta la dispersión y el envejecimiento. «Nuevos criterios que van en línea con lo que pedimos al Estado», ha apuntado, en referencia al controvertido debate sobre financiación autonómica. Esta modificación legislativa autonómica también busca modernizar el marco local, fomentar la cooperación entre administraciones o clarificar las competencias municipales, entre otros objetivos.
