El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha opuesto a la petición de las defensas del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su mano derecha, Koldo García, para que no sea el Tribunal Supremo quien les juzgue por el caso Mascarillas, sino que lo haga la Audiencia Nacional, alegando que el Alto Tribunal ha perdido su competencia por la pérdida de aforamiento del diputado socialista. Igual que la defensa de Aldama y las acusaciones populares, Luzón ve clara la competencia del Supremo, según marca la ley, puesto que Ábalos renunció a su escaño y por tanto a su aforamiento después de que se abriera juicio contra él . El fiscal jefe Anticorrupción también ha descartado que sea un jurado popular el que juzgue al exministro y a su asesor (otra de las pretensiones de ambos acusados, que se enfrentan a 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente). En contestación a la defensa de Ábalos, Luzón ha rechazado que haya un «acuerdo» entre la Fiscalía y el también acusado Víctor de Aldama -el empresario que confesó el pago de sobornos a Ábalos y Koldo García a cambio de un trato de favor para la empresa a la que representaba en los contratos públicos de material sanitario durante la pandemia- y que la petición de siete años de prisión para él sea un «premio». «No hay ningún acuerdo con el señor De Aldama. Hay una declaración que no fue inducida por el Ministerio Fiscal. La Fiscalía se enteró en ese mismo acto de lo que iba diciendo. Esa declaración fue reiterada en el Supremo y lo reconocido supone un atenuante para la petición de la pena. No es una declaración premiada, sino que esa menor pena es la que establece el Código Penal en su artículo 21», ha explicado en la vista preliminar al juicio contra ambos, previsto para abril. Las defensas de Ábalos y de su mano derecha han sacado toda la artillería posible para retrasar el juicio contra ambos por delitos de corrupción. Nada más empezar la vista, la defensa de Koldo García ha recusado a la mayoría del tribunal, pero la jugada ha sido descartada por la Sala por «extemporánea». Leticia de la Hoz ha tratado de recusar al magistrado Julián Sánchez Melgar por «interés directo o indirecto» en la causa por su pasado político, puesto que fue fiscal general durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Entiende que ese hecho implica una «manifiesta afinidad con una de las partes». Por otro lado, ha considerado que los miembros de la Sala de Admisión Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo del Arco, Manuel Marchena y Eduardo de Porres también deberían apartarse porque formaron la Sala que decidió la reapertura de la causa «formándose un juicio sobre la misma». La abogada ha pedido «que se forme de nuevo la Sala y se acuerde la automática puesta en libertad» de Koldo García. Tanto la Fiscalía como la defensa de Aldama se han opuesto a la petición de recusación y la Sala también lo ha descartado finalmente. El presidente del tribunal, Martínez Arrieta, ha expuesto que «el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial marca un plazo de 10 días para recusar al tribunal». El Supremo comunicó a las partes los magistrados que lo conformarán el 14 de enero, por lo que la petición no procede salvo en el caso de Susana Polo, la última en incorporarse a la Sala este jueves, a quien precisamente no ha recusado De la Hoz. Igualmente, tanto ella como el abogado de Ábalos han tratado de que el Alto Tribunal renuncie por pérdida de competencia -incluso pidiendo una cuestión prejudicial para que sea la Justicia europea la que decida-; han alegado nulidad de la causa al considerar que está «viciada» por nacer de una auditoría de Transportes sobre los contratos de mascarillas en la época de Óscar Puente y han pedido, para las sesiones del juicio, tanto un careo entre Koldo García y Víctor de Aldama como que se use un polígrafo para valorar la verdad de sus versiones. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares y la defensa de Aldama se han opuesto a todo y el tribunal decidirá en los próximos días. Sobre la renuncia del escaño de Ábalos, su abogado, Marino Turiel, quiso aclarar que no fue con un objetivo de «dilación del procedimiento», sino que decidió al convertirse en un «paria» en el Congreso precisamente porque la apertura del juicio oral provocó que perdiera sus atribuciones y salario. «Él siempre quiso estar aquí. No se está en una búsqueda de foro o táctica dilatoria, sino en una legítima salida». Así ha tratado de convencer a los magistrados de que renuncien a su competencia, que el caso pase a la Audiencia Nacional y el expolítico no pierda la posibilidad de la doble instancia.
