Los agricultores se encuentran en un momento crítico, como demuestran las protestas contra las políticas hacia el sector primario. La Unión Europea ha empujado una transición verde que, según denuncian en el campo, se traduce en más controles, menos herramientas y más costes . El problema empieza cuando esa exigencia no cruza la frontera con la misma intensidad, porque lo que se decide bajo criterios de sostenibilidad, acaba derivando en una profunda asimetría. La banana es un caso especialmente ilustrativo. Un seguimiento realizado por el laboratorio Tentamus LAB sobre bananas presentes en supermercados españoles concluye que el 68% de las muestras contenía residuos de pesticidas prohibidos para la agricultura en la UE. El estudio, realizado a finales de 2025, identifica hasta diez pesticidas en fruta importada y una media de 3,4 sustancias detectadas por muestra. No es un problema sobre seguridad alimentaria como tal. El propio marco europeo de Límites Máximos de Residuos (LMR) está diseñado para garantizar que el consumidor no exceda niveles considerados seguros. El problema para los productores españoles es estrictamente económico y regulatorio. Europa puede prohibir el uso de una materia activa dentro de su territorio y, al mismo tiempo, mantener un LMR que permite su presencia residual en importaciones, siempre que no supere el umbral. Lo que está vetado para producir puede seguir formando parte del proceso de producción fuera de las fronteras comunitarias, con un coste más bajo y una caja de herramientas más amplia. Esa diferencia rara vez se percibe en el lineal del supermercado. El consumidor compra por hábito, por precio o por disponibilidad, y casi nunca dispone de información clara sobre el modelo de producción que está respaldando con su cesta. En un mercado de márgenes cada vez más exiguos, el sistema envía una señal inequívoca, la del estándar más exigente que compite con desventaja si no hay mecanismos que corrijan la asimetría. Las consecuencias se viven de manera práctica. Para el productor europeo —y, en el caso del plátano , para el cultivo canario— la ecuación es sencilla: menos herramientas autorizadas y más obligaciones significan mayores costes y más riesgo agronómico . La mercancía importada llega con precios competitivos y, en ocasiones, con un respaldo normativo invisible que no aparece en la etiqueta y que se traduce en el acceso a sustancias que aquí ya no están permitidas en el manejo del cultivo. No es casualidad que este asunto reaparezca en el centro de las movilizaciones agrarias europeas . La reivindicación se resume en un concepto que, dicho con frialdad económica, suena a sentido común: si el mercado es único, las reglas deben ser comparables. Por eso se habla de cláusulas espejo, de reciprocidad y de controles . Datos como los que pone el muestreo de Tentamus LAB sobre la mesa tensa el debate porque, si se exigieran estándares de producción equivalentes a la entrada, una parte muy relevante de la mercancía quedaría cuestionada , sino incluso fuera. «La Unión Europea aprieta al agricultor y afloja en la frontera», lamentan los productores. Europa quiere elevar el listón interno, pero de momento no alinea el comercio exterior con esa ambición y eso termina premiando el modelo que dice combatir. La transición verde deja de ser una oportunidad para convertirse en una penalización competitiva para los productores europeos. La pregunta hacen muchos agricultores españoles y de otros países europeos se dirige hacia el consumidor y para el regulador: ¿un estándar exigente solo para quien produce en el mercado común o sistema coherente donde la exigencia también se mida en frontera?
