El grupo municipal más minoritario en el Ayuntamiento de Alicante, EU-Podem , con un solo concejal, va a intentar una moción de censura a raíz del escándalo de las Viviendas de Protección Pública (VPP) adjudicadas a cargos y afines al PP. A priori, el momento parece propicio después de que Vox -aliado de los populares- ha exigido la dimisión del alcalde, aunque en el mismo Pleno descalificó a los concejales de izquierdas: «Sois ratas». A pesar de este exabrupto, que la portavoz de los de Abascal -Mª Carmen Robledillo - retiró poco después, el concejal Manolo Copé iniciará «en los próximos días» una ronda de contactos con el resto de la oposición, que conforman PSPV-PSOE, Compromís y Vox, para tantear la posibilidad de esa moción que cambie la vara de mando tras la polémica por la promoción de pisos de Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. Lleva razón en que «la mayoría del Pleno» ha reclamado al popular Luis Barcala que dimita y este viernes ha puntualizado que sólo registrará esa moción de censura en caso de que se aferre al cargo, aunque vista la animadversión de Vox se vislumbran pocos visos de que prospere. En un comunicado, su coalición ha justificado este paso después de que en el Pleno extraordinario y monográfico sobre las VPP, celebrado este jueves, «todos los grupos opositores expresaran de manera explícita su falta de confianza» en Barcala y solicitaran su dimisión , con la excepción del PP: «Ante este bloqueo y esta pérdida de confianza mayoritaria, no podemos mirar para otro lado, tenemos la obligación democrática de buscar una salida», han abundado, acerca de su intento de encontrar una «alternativa». Hasta ahora, la polémica ha ido acrecentándose cuando han dimitido la hasta hace unos días concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez , la directora general María Pérez-Hickman , así como un arquitecto municipal y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria y Turismo, Miguel Ángel Sánchez , todos por estar ellos directamente o familiares suyos entre los adjudicatarios de VPP. Además, la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario por un visado de esta promoción, al ser marido de una solicitante que resultó adjudicataria y que es «funcionaria del Ayuntamiento de Alicante» y por supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte. Acerca de la situación de la exedil de Urbanismo, Barcala afirmó en el Pleno al respecto que «al menos dos familiares estaban también implicados» y avanzó: «Ejerceremos acciones legales para que quienes ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan». El alcalde también anunció la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa para conocer y, en su caso, depurar responsabilidades.
