El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha abordado este jueves el debate sobre el informe anual 2024 para una sociedad libre de violencia de género con posiciones enfrentadas entre Vox, PP y PSOE. El informe es un documento técnico, elaborado a partir de los datos y el trabajo desarrollado por la Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que evalúa el desarrollo de las políticas públicas en este área. En vez de centrarse en los datos, los grupos políticos han desencadenado, una vez más, una discusión sobre el propio enfoque de la lucha contra la violencia machista . Sobre el hemiciclo ha planeado un dato que trasciende cualquier discusión partidista: seis mujeres asesinadas en lo que va de 2026 y 1.349 desde que existen registros oficiales en España. El diputado regional de Vox, Luis Blázquez, ha centrado su intervención en criticar lo que ha calificado como una «utilización ideológica del dolor de las víctimas» por parte del PSOE. En esta línea, ha asegurado que su grupo condena toda violencia, pero rechaza el enfoque de la violencia machista como eje exclusivo de las políticas públicas. Así, ha defendido que cuestionar la eficacia de las medidas no es negacionismo, sino una obligación democrática, y ha reclamado evaluaciones claras del impacto real de las campañas, de los observatorios y de las estructuras administrativas. Para Vox, la igualdad «no se impone desde consignas» y la lucha contra la violencia debe basarse en educación en el respeto, justicia eficaz y recursos «bien gestionados», no en lo que ha definido como «ingeniería social». Por su parte, la diputada regional del Partido Popular, Itziar Asenjo, ha situado su discurso en la ruptura del consenso político, para recordar que el PP presentó en comisión una propuesta con 14 puntos que, a su juicio, eran «injustificables de rechazar», como hizo el PSOE, a cuyos diputados ha reprochado que voten en contra de la propuesta popular mientras reivindican diálogo. Asenjo también ha defendido la necesidad de políticas evaluables, control y transparencia, y ha vinculado el debate a otros episodios nacionales como la ley del 'solo sí es sí' y a los fallos en los sistemas de protección, para subrayar que la lucha contra la violencia de género exige reconocer errores y corregirlos. De esta forma, el PP ha pedido retomar el espíritu del Pacto de Estado y alcanzar un acuerdo institucional real en Castilla-La Mancha. La diputada socialista Rosario García ha tomado la palabra para defender el informe como un documento técnico sustentado en datos y en el trabajo diario de profesionales, no sin antes recordar que en 2024 centenares de mujeres y menores tuvieron que ser acogidos en recursos asistenciales tras huir de situaciones de riesgo extremo, para subrayar que esa es la prueba de que las políticas públicas funcionan. García ha insistido en que la violencia que refleja el informe no es doméstica, sino machista, por responder a un patrón estructural acreditado por los datos oficiales, y ha alertado de que derogar la ley regional supondría «dejar solas a las víctimas». En su intervención ha recordado el teléfono regional gratuito y confidencial 900 100 114 de atención a las mujeres víctimas de violencia machista. El debate lo ha cerrado la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha agradecido el trabajo de profesionales, fuerzas de seguridad, justicia y entidades sociales que sostienen la red de atención. La consejera ha defendido que la Ley 4/2018 que ampara el informe debatido en las cortes nació del consenso parlamentario y ha lamentado que este jueves ese acuerdo sea «imposible», para rechazar que la existencia de asesinatos signifique el fracaso de la ley y sostener que estas herramientas permiten aflorar la violencia, proteger a las víctimas y salvar vidas. La responsable regional de Igualdad ha aportado cifras del informe: 343 mujeres y 275 menores protegidos en recursos de acogida en 2024, 31.000 consultas atendidas en centros de la mujer y 779 acciones de sensibilización con más de 178.000 participantes. Simón también ha respondido a las acusaciones del PP sobre supuestos silencios dentro del PSOE ante situaciones de acoso sexual y ha citado el caso conocido esta semana sobre el alcalde de Móstoles y la denuncia de acoso que una concejala popular del Ayuntamiento de esa ciudad madrileña trasladó a Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea regional, quien —según la información publicada en diferentes medios— habría aconsejado a la concejala de Móstoles que no hiciera pública la denuncia porque «le perjudicaría». Simón ha considerado «curioso» que el PP pida explicaciones al PSOE mientras, ha dicho, se producen este tipo de situaciones en sus propias filas. De otro lado, la consejera ha pedido al PP romper sus acuerdos con Vox si quiere recuperar el consenso y ha compartido un mensaje para las víctimas: «El Gobierno de Castilla-La Mancha está aquí para respaldarlas». Mientras que el informe pretendía evaluar el desarrollo de la ley y reconocer a las víctimas, el pleno ha vuelto a evidenciar que la violencia de género, lejos de ser un terreno de unidad institucional, se ha convertido en un espacio de confrontación en el que Vox cuestiona el marco conceptual, el PP reclama coherencia y consenso, y el PSOE y el Gobierno regional defienden el enfoque actual como imprescindible.
