David Moreno, presidente del grupo parlamentario de Vox, ha mostrado su rechazo frontal a la decisión del Gobierno central de aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que ha calificado de «clasista e hipócrita» y que, a su juicio, tendrá consecuencias directas sobre los servicios públicos, el mercado laboral y la vivienda. Moreno ha cuestionado los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para justificar esta medida, como la necesidad de reforzar el sistema de pensiones o cubrir puestos de trabajo que no ocupan los españoles. Según ha defendido, esta regularización responde a un modelo económico basado en «mano de obra barata y precaria» que, en su opinión, termina repercutiendo negativamente en los salarios y en las condiciones laborales. En este sentido, el dirigente de VOX ha advertido de que esta decisión puede provocar, a su juicio, un «hundimiento de los salarios» y una mayor presión sobre los trabajadores, además de un impacto en la prestación de los servicios públicos. Asimismo, Moreno ha señalado que la medida podría generar, según su valoración, un incremento de la tensión en el acceso a la vivienda y un deterioro de la seguridad, además de favorecer lo que ha definido como un «efecto llamada» que, en su opinión, refuerza la actuación de mafias vinculadas a la inmigración ilegal. Ante este escenario, el presidente del grupo parlamentario ha anunciado que Vox presentará iniciativas en las Cortes Generales, en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos para mostrar su rechazo a esta regularización. Entre las propuestas que impulsará su formación, Moreno ha citado el establecimiento de la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos, así como la promoción de medidas municipales para evitar empadronamientos fraudulentos. En este punto, ha recordado una actuación desarrollada en Talavera de la Reina, donde, según ha indicado, se logró desarticular una red dedicada a empadronar de forma irregular a inmigrantes. Con estas iniciativas, Vox pretende trasladar el debate sobre la regularización al conjunto de las instituciones, tanto nacionales como autonómicas y locales.
