El debate sobre cazar o no el lobo sigue vigente. Recordemos que en 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica incluyó al carnívoro en el Listado de Especies Silvestres con Protección Especial tras una votación en la que primó el voto de comunidades autónomas en las que el cánido no está presente, lo que llevó a prohibir su caza. El creciente número de ataques a la cabaña ganadera, las constantes pérdidas económicas y el mal funcionamiento de las indemnizaciones motivó que, en 2025, tras años de protección estricta, el Congreso de los Diputados aprobara una enmienda en la que se excluía al lobo del LESPRE. Hoy, el Parlamento Europeo ya no reconoce al lobo como «estrictamente protegido» y se ha cambiado su estatus en la Directiva de Hábitats, asumiendo que este predador provoca complejas situaciones de coexistencia con el ser humano. Esto da flexibilidad a los países para adoptar medidas adaptadas regionalmente, siempre que se mantenga un estado favorable de sus poblaciones. Las exiguas existencias de lobo de mediados del siglo pasado fueron capaces de subsistir y recuperarse a pesar de su implacable persecución con armas, trampas, expolio de camadas y venenos. Desde que en 1970 se incluyó la especie entre las cinegéticas, su población se ha extendido y ha aumentado sus efectivos de forma continua en el territorio nacional hasta alcanzar las 297 manadas arrojadas por un censo oficial realizado en 2014. Para hacerse una idea de la evolución del inventario en la última década, hay que atender al último censo nacional coordinado realizado entre 2021 y 2024, que arroja una cifra de 333 manadas, lo que supone un aumento del 12 % sobre el anterior. Teniendo en cuenta estas cifras, que no son las más optimistas, y que en Portugal se estima que crían 58 manadas, ¿qué es lo que hace pensar que el estado de su población no sea favorable, requisito para que las comunidades autónomas gestionen su caza?
