El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , ha defendido la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación administrativa irregular, subrayando el « carácter humanitario « de la medida y rechazando su utilización como arma política en un contexto de creciente «frentismo» en España. Page ha recordado que se trata de «cerca de medio millón de personas que lo están pasando mal», muchas de las cuales han recibido incluso cartas de deportació n que no se ejecutan, pero que generan una situación permanente de amenaza e inseguridad. En este sentido, ha apelado a la memoria histórica de España como país de emigración , que ha visto cómo millones de personas tuvieron que abandonar el país por razones políticas, económicas o sociales. El presidente autonómico ha afirmado que España no vive un problema real de convivencia con la inmigración y ha atribuido gran parte de la polémica actual al «ruido político» y a quienes «pretenden hacer política barata con un asunto que no lo merece». A su juicio, la regularización es una «práctica habitual» que no debería generar un «debate artificial» salvo que se «busque confrontación». En este sentido, ha señalado que evitar futuras regularizaciones extraordinarias sería posible si se alcanzara un gran pacto de Estado sobre inmigración , que aborde el fenómeno desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta tanto las necesidades económicas y laborales del país como las razones humanitarias. En este punto, ha recordado que este planteamiento no solo ha sido defendido por fuerzas políticas de izquierdas, sino también por instituciones como la Conferencia Episcopal. Durante su intervención, el presidente ha advertido de que « detrás de cada expediente hay personas», una consideración que, según ha señalado, marca diferencias fundamentales a la hora de acordar políticas públicas. Asimismo, ha mostrado su rechazo a cualquier negociación que suponga «renunciar a principios esenciales en materia de derechos humanos o ceder ante planteamientos que califica de racistas o excluyentes». En este contexto, ha criticado la propuesta que plantean transferir las competencias de inmigración a las comunidades autónomas, advirtiendo de que ello podría derivar en políticas discriminatorias basadas en criterios de identidad, lengua o territorio. « Las fronteras son nacionales y punto », ha subrayado, recalcando que decisiones de este tipo afectarían al conjunto del país, también a comunidades sin fronteras exteriores como Castilla-La Mancha. «Separar al emigrante por razones de identidad territorial o de cultura o de idioma es simplemente obsceno y es algo que repele a la izquierda». Finalmente, ha reclamado «coherencia» en el debate político, alertando de que no se puede criticar internacionalmente políticas restrictivas o xenófobas y, al mismo tiempo, facilitar acuerdos internos que abran la puerta a la segregación o a la aplicación de políticas racistas en España.
