La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha trasladado a los rectores que la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) podría aprobarse el próximo 11 de febrero en el primer pleno ordinario del Parlamento andaluza ya que los trámites «están muy avanzados». No obstante, como aclaran fuentes de la Cámara, la fecha no se decidirá finalmente hasta que la Junta de Portavoces del 4 de febrero apruebe el orden del día del pleno del 11. Ya en el debate de totalidad en el Parlamento del proyecto de Ley, al que el Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado 1 de octubre, la Junta remarcó que con esta norma «culmina la mayor reforma universitaria» que «dotará a la comunidad de un marco adecuado y estable para que las universidades andaluzas, además de seguir siendo buques de conocimiento, innovación y progreso, puedan mirar al futuro con seguridad y certidumbre». El texto tiene como objetivos proteger el sistema público universitario, ampliar los derechos del estudiantado, estabilizar la carrera académica, impulsar la internacionalización, mejorar la gobernanza, potenciar la transparencia de las instituciones académicas o la autonomía en políticas de personal, académica y de organización. «Andalucía necesitaba de una norma que respondiera al contexto actual, a los desafíos del siglo XXI y a las adaptaciones universitarias que requiere la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)«, por lo que «espero que la LUPA sea la expresión de un consenso que va más allá de lo político y que mira hacia el futuro», defendía el consejero José Carlos Gómez Villamandos en su intervención. «No se trata sólo de regular instituciones, sino de definir un modelo de universidad que combine excelencia académica, compromiso social, internacionalización e impacto en el territorio, regulando docencia, investigación y transferencia como pilares fundamentales e inseparables», manifestaba. En el capítulo de los derechos del estudiantado, la Ley recoge, por primera vez, la bonificación de las matrículas universitarias como un derecho del alumnado, una medida que cuenta con una dotación de 43,66 millones de euros e implica la compensación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula. Además, contempla la suspensión temporal de estudios, que tendrán que desarrollar las universidades, así como la necesidad de conciliar las actividades académicas con las deportivas, especialmente en el caso de los deportistas de alto rendimiento, o el derecho a la desconexión digital de los estudiantes. Sobre el paro académico, se fija por ley un marco común para que «todos los estudiantes estén en las mismas condiciones, pero atendiendo a la vez a la singularidad de cada universidad». Igualmente, el futuro marco normativo incorpora por primera vez la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias estudiantiles, una cuestión «olvidada tanto en la LOSU», al tiempo que incluye la promoción de programas para la movilidad estudiantil, dando prioridad a la cobertura del Erasmus+, cuyo presupuesto se verá aumentado otro 5% el próximo curso para «alcanzar el 10% de incremento». En relación con el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas) de las universidades públicas, «el espíritu de la LUPA es claro: estabilidad, mérito y garantías en la carrera profesional». Así, en su articulado, se flexibiliza la compatibilidad de la actividad del PDI para fomentar la transferencia del conocimiento y el perfeccionamiento de su formación, se recupera la figura del profesorado ayudante, se limita el uso indebido de la figura del profesor sustituto interino y se instaura, por primera vez, la obligatoriedad de un nivel de idioma extranjero (B2) para el acceso a la figura de ayudante doctor a partir de 2029, una medida que también será exigible para la obtención de títulos universitarios oficiales y que «contará con ayudas específicas de la Junta y de las propias universidades». La norma introduce novedades en lo relativo a la gobernanza, de modo que las universidades tendrán mayor autonomía en materia de personal y en el ámbito de planificación de la programación académica. De esta manera, se regulan órganos de coordinación autonómica como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, espacio de diálogo y planificación estratégica entre el Gobierno andaluz y las universidades, y el Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía, que permitirá canalizar propuestas y consultas de forma estable. Asimismo, el texto normativo redefine el papel del Consejo Social, reforzando su capacidad de supervisión y de conexión entre la universidad y la sociedad, y actualiza el régimen del rectorado, que se configura como alto cargo público, con mayores responsabilidades en transparencia y rendición de cuentas. En materia de financiación, la LUPA «consolida y da estabilidad» al modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, que se acompaña de mecanismos de evaluación y control del gasto público basado en indicadores de calidad y resultados. Además, se establece el uso de remanentes no afectados, que permitirá a las universidades públicas planificar su gestión. Junto a estas medidas, otras de las novedades es que las instituciones académicas contarán con la figura de un interventor como parte del personal técnico y de administración, toda vez que se refuerzan las competencias de inspección, evaluación y sanción, para «asegurar que la autonomía universitaria se ejerza con responsabilidad y rendición de cuentas ante la sociedad andaluza», ha señalado el consejero.
