Los españoles van a pagar cara la guerra que ha emprendido la Comisión Europea contra las plataformas chinas; más concretamente, la aplicación a partir de julio de este año de un gravamen de tres euros a los paquetes de menos de 150 euros que entren en la UE desde países terceros. Según datos de la Agencia Tributaria, España recibe 180 millones de envíos de este tipo anualmente, lo que arroja un coste total de 540 millones que tendrán que abonar los consumidores. En el conjunto de los Veintisiete la factura ascenderá a 13.800 millones, habida cuenta de que en 2024 llegaron a Europa 4.600 millones de pedidos de empresas de 'ecommerce' extracomunitarias. La ofensiva de Bruselas va dirigida contra Shein, Temu y AliExpress, que en los últimos años se han aprovechado de la exención arancelaria sobre la paquetería barata para asaltar el Viejo Continente, hasta el punto de que más del 91% de los pedidos que llegan a Europa ya proceden de China. Y esto es un problema, pues un reciente informe de las asociaciones de consumidores europeas (OCU) desveló que el 65% de los artículos que se anuncian en Shein y Temu no cumplen con las normas comunitarias en materia de calidad y seguridad y el 25% son «potencialmente peligrosos»; por tanto, se trata de competencia desleal y peligrosa. En España esto resulta especialmente preocupante, ya que en nuestro país las plataformas del Gigante Asiático ya copan un 34% de la cuota de mercado de la venta en línea (según un estudio de la consultora NIQ, líder mundial en datos de consumo), muy por encima de las cifras de países de nuestro entorno, como Italia (14%), Francia (9%) o Alemania (8%). El fenómeno lleva años gestándose, pero lo cierto es que se aceleró después de la pandemia del Covid-19. Según cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde 2019 el número de transacciones abonadas a empresas en el área Asia/Pacífico se ha triplicado, y según la Agencia Tributaria, desde 2021 la entrada de paquetes de menos de 150 euros se ha multiplicado por cuatro. Con estos datos en la mano, ayer la sede de las instituciones europeas en España acogió un debate en el que participaron Andrés Barragán, secretario general del Ministerio de Consumo; Nikos Tsaris, en calidad de portavoz de la Comisión Europea; y Matilde García Duarte, presidenta de Anged, la principal patronal de la distribución, entre otros. En la definición del problema el consenso fue absoluto entre todos los participantes, pero no así en las soluciones. Además del nuevo impuesto, el plan de la Comisión pasa por crear una Oficina Aduanera de la UE que reforzará el control de las fronteras, desplegar las medidas de fiscalización y castigo previstas en la Directiva de Servicios Digitales o medidas coercitivas como las recientes investigaciones abiertas contra Shein y Temu; «No podemos permitir que esta situación siga sin control», zanjó Nikos Tsaris . En la misma línea, el secretario general de Consumo opinó que «ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley», antes de recordar que España fue uno de los países que el pasado mes de diciembre remitieron una carta a Bruselas exigiendo que las directivas europeas ya en vigor se apliquen de modo estricto, algo que aún no sucede, y en eso coincidieron varios de los ponentes. Durante su intervención, Matilde García Duarte apoyó todo lo que tenga que ver con aumentar los controles, pero no así la tasa de tres euros, que «evidentemente» van a pagar los consumidores, dijo. A su vez, la presidenta de Anged aprovechó para lanzar un dardo contra el Gobierno -representado por Barragán- al advertirle de que «está muy bien mandar cartas a la UE», pero que a ella le gustaría saber «cómo lo van a hacer» para que las firmas asiáticas cumplan las normas que se les exigen a las españolas, como la flamante Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Barragán denunció una falta de vigilancia que, en su opinión, a veces se justifica por el hecho de que entran más paquetes de los que las autoridades pueden controlar: «Oye, pues que no cumplan y no pasa nada», ironizó. Desde Anged exigen igualdad de trato, y responsabilizan también al Gobierno -no solo a Bruselas- en lo que atañe a sus competencias, por ejemplo las aduanas o el exceso de burocracia. «Si el 60% de los productos que vendieran» (las empresas españolas) fueran ilegales, dijo, «nuestro comercio estaría cerrado, pero vamos, sin género de duda».
