Investigada por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, Leire Díez sigue siendo para el PSOE y La Moncloa una simple exmilitante de base, una desconocida, como para María Jesús Montero resulta «sorprendente» –aseguró el pasado viernes– la actividad desarrollada por Vicente Fernández, hombre de su más estrecha confianza al que puso al frente de la SEPI –por la necesaria visibilidad del talento andaluz, añadió la vicepresidenta primera– y del que no sabe nada «desde hace seis años». Es la UCO la que estos días y a las órdenes de Santiago Pedraz trata de despejar la madeja de datos y contactos hallada en los dispositivos informáticos requisados durante la operación desplegada contra Díez y Fernández, una investigación policial que la Audiencia Nacional ha encargado para determinar el alcance y la profundidad de una trama delictiva cuyas ramificaciones, aún por determinar, superan el ámbito de la 'fontanería' política y, más aún, de la investigación periodística que Díez esgrimió como excusa para tratar de explicar sus andanzas. La 'exmilitante' era algo más que una mera afiliada. No solo tenía línea directa con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, sino que a partir de 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, fue enchufada como directiva en empresas públicas como Enusa y Correos, precisamente cuando la compañía postal era presidida por Juan Manuel Serrano, amigo personal del jefe del Ejecutivo. La agenda de contactos de la 'militante' Díez era envidiable y muy fructífera, lo que no ha impedido a La Moncloa utilizar como cortafuegos político la presunta irrelevancia de quien utilizaba el chantaje y el trueque como herramientas de trabajo. Según sigue su curso la investigación y la UCO amplía el radio de acción de la 'fontanera', el Gobierno tendrá que modificar su estrategia y dar cuenta de hasta qué punto era 'anecdótica' la relación con Ferraz de quien junto a Javier Pérez Dolset se presentaba en sociedad como enviada de Cerdán, cuando no del propio Pedro Sánchez, para librar su particular guerra sucia. Las revelaciones que publica ABC sobre el archivo confidencial requisado por la UCO a Leire Díez, alojado en una 'nube' que administraba Dolset, apuntan a lo que el propio PSOE, inspirado por Podemos, como en tantas otras cuestiones, denominó 'cloacas'. La exmilitante había reunido información sensible sobre el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez, y también sobre diversos fiscales y dirigentes del PP y del propio PSOE, como es el caso de Óscar López y Antonio Hernando, relacionados con la búsqueda de información de las saunas de Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez. A través de los dispositivos incautados a Díez y Fernández, los agentes de UCO siguen el rastro del dinero de las supuestas mordidas que la trama del expresidente de la SEPI cobró por la licitación de contratos públicos de las más diversas sociedades públicas y organismos regionales, pero es la documentación reunida por la 'exmilitante' contra los rivales políticos y judiciales de Sánchez, gestionada por Dolset, la que pone de manifiesto la coincidencia exacta del trabajo de investigación periodística que supuestamente realizaba Leire Díez con los intereses particulares del presidente del Gobierno, enésima anécdota de un episodio en el que la corrupción económica linda con el chantaje político, siempre de espaldas a un poder ejecutivo rodeado de desconocidos y de profesionales que ahora le causan sorpresa.
